El jueves de la semana pasada, la Comisión Conjunta de Economía y Cultura de la Cámara de Diputados recibió a la ONG Derechos Digitales para revisar algunas propuestas destinadas a perfeccionar el proyecto de ley sobre propiedad intelectual.

En una extensa presentación, el Director de Estudios de la ONG Derechos Digitales, Alberto Cerda, se refirió al proyecto, felicitando la iniciativa gubernamental que busca resguardar los derechos de los creadores junto con garantizar acceso a la población para el pleno goce de los progresos de la ciencia, la cultura y las artes.

Con todo, la iniciativa del Gobierno recibió algunas observaciones, mediante las cuales se espera perfeccionar el resguardo del interés público en la materia, especialmente a través de la protección del dominio público, el mejoramiento del sistema de responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet por infracciones al derecho de autor, la introducción de modificaciones al estatuto del software, al sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor, y normas concernientes a la intervención judicial, entre otras.

En relación con la protección del dominio público, ONG Derechos Digitales sugirió ampliarlo a las obras producidas por los funcionarios públicos o por encargo del Estado, así como también incorporar en él las obras de titulares que fallecen sin dejar testamento y sin herederos forzosos. Se sugirió igualmente mejorar las normas penales de protección, así como simplificar las reglas de cómputo de plazos de duración de los derechos de autor.

Respecto del sistema de responsabilidad de los prestadores de servicio de Internet, se hizo presente al Congreso que el concepto de prestador de servicio sugerido por el Gobierno resulta excesivamente amplio e impone excesivas responsabilidades técnicas y organizacionales a cualquier persona que brinda acceso a Internet a otras; por ejemplo, a quien brinda acceso inalámbrico a su familia y vecinos, al director de una escuela que brinda acceso a sus docentes y alumnos, o al empresario que brinda acceso a sus trabajadores. Por lo mismo, ONG Derechos Digitales recomendó limitar a las empresas de comunicaciones tal responsabilidad, tal cual acontece en otros países.

En cuanto a las excepciones y limitaciones al derecho de autor, pese a reconocer el esfuerzo hecho por el Gobierno en la materia, se reparo en lo mezquino que resulta el proyecto si se lo compara con la legislación de países desarrollados, incluido Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea. Así se sugirió incorporar una excepción para el desempeño de funciones públicas, una excepción para garantizar el funcionamiento de redes informáticas, el restablecimiento en el proyecto de la excepción de copia de carga de software, y que se otorgara a una autoridad administrativa la facultad de establecer temporalmente nuevas excepciones, tal cual hace la Oficina de Copyright en Estados Unidos.

En cuanto a la intervención judicial, ONG Derechos Digitales llamó la atención sobre la desproporcionalidad de las penas previstas en el proyecto, especialmente tratándose de infracciones cometidas sin fines comerciales, así como en los inconvenientes del mecanismo para determinar la magnitud de la pena aplicable a un delito cualquiera, el cual atiende sólo al valor de venta al detalle de la obra. Del mismo modo se recomendó al Congreso estudiar con mayor acuciosidad y cautela la propuesta del Gobierno en cuanto al establecimiento de medidas de prueba, tales como agente encubierto o apremios destinados a obtener la confesión de un infractor de derechos.

El Director de Estudios de la ONG Derechos Digitales calificó de “satisfactoria la recepción de los Diputados a las observaciones formuladas por la organización” y manifestó su anhelo de que “las propuestas formuladas por la ONG sean favorablemente acogidas por los legisladores, a fin de que nuestra legislación llegue a garantizar apropiadamente el acceso al conocimiento y condiciones que permitan el disfrute de sus derechos por las personas, así como el desarrollo social y tecnológico del país”.

El proyecto continuará en tramitación en el Congreso, esperándose que el curso de las próximas semanas la Cámara de Diputados emita su parecer respecto de la propuesta del Gobierno, introduciendo eventualmente modificaciones como las sugeridas por la ONG Derechos Digitales y otras organizaciones interesadas.

En la ocasión también acudieron representantes de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD) y de la Cámara Nacional de Comercio.

Lea el Informe de ONG Derechos Digitales sobre proyecto de ley que modifica ley de propiedad intelectual