La propuesta de tratado a través de la cual se intenta garantizar acceso a las obras protegidas por derechos autorales para las personas con discapacidades, es discutida en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y deberá ser próximamente analizada por el organismo. La propuesta sobre la mesa ha sido consensuada por diversas países, incluida la Unión Europea, los Estados Unidos y Chile, entre otros. Sin embargo, la propuesta no es aún completamente satisfactoria, especialmente para la población discapacitada en países en desarrollo.

Según Alberto Cerda Silva, director de estudios de ONG Derechos Digitales, aun cuando la propuesta implica un avance en la adopción de una solución internacional para la población con discapacidades, ella aún requiere ser perfeccionada, pues “burocratiza innecesariamente el acceso, no garantiza la traducción de las obras al idioma hablado por sus beneficiarios, ni el acceso a otras obras que no sean libros”.

El tratado facilita el acceso a través de entidades acreditadas para brindar dicho a acceso a las personas con discapacidad; sin embargo, omite el rol que organizaciones comunitarias y personas individuales, incluidas las familias de los propios beneficiarios, cumplen proveyendo acceso a la población con discapacidad. Por consiguiente, la propuesta no garantiza que dichas personas y agrupaciones gocen de protección legal cuando brindan apoyo a personas invidentes o con dificultades auditivas. Este aspecto es crítico, sostiene Cerda, pues “en nuestros países, las personas con discapacidad reciben apoyo social que no necesariamente proviene de instituciones que puedan calificar como entidades acreditadas”.

Aunque la propuesta de tratado facilitaría la conversión de obras desde formatos tradicionales a Braille u otros susceptibles de ser empleados por las personas con discapacidad, la propuesta no garantiza a dichas personas el derecho a leer en su propio idioma. En efecto, según Cerda, “si el tratado no permite la traducción de la obras será inútil, pues forzará a nuestra población discapacitada a aprender otros idiomas y no le garantizará su disponibilidad en español”.

Otra seria limitación de la propuesta actual es que el tratado sólo garantizaría acceso respecto de libros y obras impresas. La propuesta no contribuye a remover los obstáculos que las personas con discapacidad tienen en el acceso a otras obras, tales como audiovisuales, multimedia, u obras en formato digital. Esta situación es también crítica, pues un número creciente de obras no está disponible en formatos impresos, y el acceso a la cultura no puede ser limitado a sólo cierto tipo de obras.

A efectos de enmendar los yerros y omisiones de la propuesta de tratado, estas y otras observaciones fueron hechas llegar por ONG Derechos Digitales a las autoridades de gobierno en materia de propiedad intelectual y discapacidad, con miras a la próxima reunión de la OMPI sobre la materia. “Esperamos que el Gobierno exprese su preocupación en torno a la insuficiencia del actual texto de la propuesta de tratado, y logre introducir mejoras que garanticen efectivamente el derecho de la población con discapacidad a gozar del pleno acceso a los progresos de la ciencia, las artes, y la tecnología”, expresó Cerda.

Véase Observaciones al Tratado de Acceso para Personas con Discapacidad.