ONG Derechos Digitales dirigió observaciones al gobierno de Chile en relación con las negociaciones del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), acuerdo de libre comercio actualmente negociado con Australia, Brunei, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y Vietnam. En ellas ONG Derechos Digitales rechaza el secretismo de las negociaciones, cuestiona la oportunidad de sus resultados, y repudia aquellas propuestas que menoscaban los derechos fundamentales de los ciudadanos y consumidores en línea.

“El secreto de las negociaciones es pernicioso para el interés público, porque imposibilita el control y fiscalización ciudadana sobre el trabajo del gobierno”, sostiene Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales. En razón de ello, las observaciones rechazan el secretismo e insta al gobierno a abogar por la transparencia ante los demás países implicados en la negociación. Cabe recordar que recientemente el gobierno rechazó la solicitud de acceso al texto de las negociaciones, una medida que ONG Derechos Digitales ha apelado ante el Consejo para la Transparencia.

Las observaciones alertan acerca de la escasa conveniencia de las negociaciones para Chile. Nuestro país tiene tratados de libre comercio vigente con la mayor parte de los países que negocian el TPP, de manera que no existiría razón alguna para hacer nuevas concesiones en propiedad intelectual. Es por ello que, según Daniel Álvarez, también de ONG Derechos Digitales, las negociaciones no deberían ir más allá de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual aprobados en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o en la Organización Mundial de Comercio, los que ya son suficientemente altos.

En ese sentido, las observaciones repudian diversas propuestas formuladas por los Estados Unidos que menoscaban los derechos fundamentales de los ciudadanos y consumidores en línea. Entre éstas cabe destacar el incremento en la labor “policial” que los prestadores de servicio de Internet deberían efectuar para proteger la propiedad intelectual, medida que afectaría severamente el derecho a la vida privada y la libertad de expresión. Se rechaza asimismo la propuesta que permitiría a los titulares de derechos autorales controlar la exportación de sus obras, lo cual redundaría en menor competitividad en los mercados locales y un alza de precios para los consumidores.

Otras de las medidas rechazadas son la criminalización de toda infracción a los derechos autorales, inclusive si ella no tiene fines comerciales ni ánimo de lucro, y una nueva extensión a la duración de tales derechos. Estas medidas resienten el acceso a las obras por el público, su utilización para labor creativa (de obras derivadas), y las oportunidades para las industrias culturales locales. En definitiva, ellas ampararía la industria tecnológica y de entretención extranjera sin beneficio alguno para el país.

La próxima ronda de negociaciones del TPP debería tener lugar en Chicago, Estados Unidos, durante la segunda semana de septiembre. Sin embargo, mientras persista el secretismo de las negociaciones será imposible saber con certeza si el gobierno hace eco de las preocupaciones expresadas respecto del TPP y adopta apropiadas medidas en resguardo de los derechos de los ciudadanos, consumidores, creadores, y la industria nacional.

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Alberto Cerda Silva