A mediados de 2019, Derechos Digitales abrió las postulaciones al Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales en América Latina (FRR), concebido como una manera de responder a las necesidad de las organizaciones y activistas trabajando en la región, ante situaciones urgentes que no pueden ser atendidas por el ciclo regular de financiamiento. El objetivo es contribuir a la construcción de un entorno digital libre y abierto, mediante una opción flexible, sin fechas restrictivas y minimizando los requisitos burocráticos. Al ser un fondo creado en Latinoamérica para Latinoamérica, se reducen también las brechas de idiomas que pueden tener algunos fondos.

Al poco tiempo de haber comenzado sus operaciones, el panorama mundial cambió radicalmente debido a la rápida expansión del COVID-19 y las distintas medidas adoptadas por los gobiernos para hacerle frente, muchas de ellas de carácter tecnológico, lo que conllevo la magnificación y multiplicación de situaciones de riesgo en distintas dimensiones de la cotidianidad. El riesgo de pasar por encima de los derechos humanos, usando como excusa la pandemia, fue una justificación común para la implementación de mecanismos y tecnologías sin la suficiente probidad. Las organizaciones y activistas de la región levantaron la voz, demostrando de paso los derechos digitales no son una preocupación de nichos, sino de todas las comunidades.

Esto hizo que el FRR tuviera una posición privilegiada para comprender el impacto de las amenazas a los derechos humanos en entornos digitales, no como algo teórico y reservado para discusiones especializadas, sino como una situación que pone en desventaja y vulnerabilidad a comunidades y grupos enteros. El contacto directo con organizaciones y activistas durante la pandemia ha hecho que el FRR funcione como línea de atención primaria, que puede dar pistas sobre potenciales problemas estructurales que involucran a los derechos digitales. Da la oportunidad de ver dónde están las dolencias y carencias más importantes, junto con potenciales áreas que serán relevantes en el futuro cercano.

Capas de problemas

Hay que tener en cuenta que, al hablar de América Latina, debemos dar cuenta de las profundas diferencias. En cuestiones de internet, un país puede no ser la unidad descriptiva más adecuada. Más bien, el mapa se configura por capas, es decir niveles o tipos de problemas, y diversas capas pueden estar presente en un mismo país y los mismos retos pueden presentarse en las mismas zonas de varios países.

Por ejemplo, un país puede estar enfrentando problemas con la violencia en línea o con la implementación de tecnología de reconocimiento facial y, al mismo tiempo, tener regiones que estén luchando por tener un acceso significativo a internet que habilite el ejercicios de derechos o comunidades que estén decidiendo cómo conectarse de forma independiente. Países que puedan ser considerados aventajados en la conectividad, pueden no garantizar la calidad de la conectividad, complejizando la aproximación al problema y señalando la necesidad de mejores indicadores de inserción.

Desde el FRR se observan al menos tres capas de trabajo con los derechos digitales:

• La capa principal son los retos de conectividad y cobertura, así como capacitación, educación y entrenamiento en el uso de Internet que permita el uso y goce de derechos;
• En la capa media se encuentran los usos y el monitoreo de las actividades de internet que afectan directamente a grupos y personas, como violencia en línea, ataques en línea, acoso a personas y organizaciones, entre otros;
• Y la tercera capa es de políticas públicas, implementadas por gobiernos nacionales o locales para el uso de tecnología, con poca probidad en la garantía de derechos y sin participación de las comunidades en la toma de decisión.

La descripción de estas capas es un esfuerzo por sistematizar la diversidad que coexiste en Latinoamérica.

Ciertamente, hay prioridades diferentes por países en cuanto a los derechos digitales y su impacto social. Por ejemplo, las consecuencias del censo digital, la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos, el impacto de la minería cripto o la violencia basada en género, que sirven para esbozar prioridades futuras en la región y quedan como antecedentes de lo que puede pasar en otros países.

En tanto, constatamos en terreno y con  la experiencia adquirida, más otros esfuerzos de monitoreo, que las zonas rurales de la región son las que más carecen de acceso y herramientas para la conectividad, aunque el porcentaje de cobertura haya crecido en los últimos años. Esto se traduce en una cadena causal visible: menos recursos, menos capacidad de acceso a internet de calidad, menos capacidad de participación y, en consecuencia, las comunidades se hacen más invisibles y con menos capacidad de ejercer sus derechos humanos de participación pública, libertad de asociación, acceso a la información pública y libertad de expresión.

Los indicadores de cobertura, aun cuando cuentan con información de avances, necesitan complementarse con el uso real que tienen las comunidades, cómo se integran estas al uso de internet, qué herramientas de seguridad tienen y, también, qué posibilidades de conectividad independiente podrían lograr. Información que sí manejan o tienen capacidad de recolectar las organizaciones y activistas que hacen trabajo comunitario.

Ya en el 2023, con una pandemia disminuida en fuerza, la prioridad de atender las situaciones urgentes e importantes de los derechos digitales consolida la misión del FRR.

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