Apelando a la colaboración “voluntaria” de administradores de sitios web, la Policía de Investigaciones evita pedir orden judicial para inmiscuirse en la privacidad de los usuarios de Internet.

En una práctica que parece ser cotidiana, en vez de solicitar una orden judicial “específica”, el personal de la policía se dirige directamente a quienes gestionan la red para solicitarles información de los usuarios. Una situación que ya habíamos denunciado años atrás, de la que hemos puesto en alerta a la Asociación de Proveedores de Internet (API – Chile) hace pocos días, y que se repite nuevamente. Esta vez el sitio web afectado es LoserPower.

LoserPower es un portal con desenfadadas entradas y comentarios, algunos de los cuales han llamado la atención de las fuerzas policiales. Esto llevó a Investigaciones, el pasado 23 de Septiembre, a solicitar mediante correo electrónico “remitir a la brevedad las direcciones IP, fechas y horarios asociados a la creación de dicho sitio, como a … cada uno de los comentarios existentes en él, y dentificando (sic) con la mayor cantidad de información posible a cada uno de los usuarios”.

“El e-mail que recibimos de Investigaciones nos pareció extraño y, pensando en la privacidad de la gente que participa en nuestro sitio, preferimos consultar antes de entregar nada”, sostiene Cristian Carrier, administrador del sitio web. “Los derechos de las personas también deberían ser respetados en Internet, y esta orden policial no nos parecía hacerlo”, agrega Carrier. Por dicha razón, LoserPower ha rechazado la solicitud policial y no ha entregado información alguna de sus usuarios, ni lo hará hasta que exista una orden judicial que así lo obligue.

“La actuación policial en este caso es notoriamente negligente; lo que hace sería como pedir autorización no al dueño de casa, pero a su vecino, para allanar un hogar sin orden judicial”, asegura Alberto Cerda, profesor de derecho informático de la Universidad de Chile y director de estudios de ONG Derechos Digitales. “Esto no sólo es negligente con las personas afectadas, sino que arriesga la validez de toda la investigación”, agrega Cerda, pues las diligencia policiales que afectan derechos fundamentales, como la privacidad, deberían ser practicadas con orden judicial específica.

Claudio Ruiz, director de ONG Derechos Digitales, anticipó que, sin perjuicio de la asistencia que han brindado a LoserPower y la advertencia hecha conocer a API – Chile, en los próximos días representarán los hechos a la Policía de Investigaciones y demás autoridades competentes. “El actuar de la policía es inadmisible y siembra desconfianza en la Internet”, sostiene Ruiz. “La policía no puede entrar por dondequiera, sin control alguno, debe actuar conforme a la ley. Si los garantes del orden actúan fuera de la ley, ¿quién estará seguro en Internet?”, agregó Ruiz.