Los últimos años han sido de gran agitación política y social en América Latina, así como de gran polarización e inestabilidad. Las luchas históricas en favor de mayor justicia social han tenido como correlato una reacción autoritaria en distintos países de la región. En paralelo, hemos sido testigos de cómo las tecnologías digitales se han integrado a una cantidad cada vez mayor de aspectos de la vida, moviendo aquellas luchas al entorno digital. Este se ha convertido en un terreno de conflicto, donde las tecnologías no son solamente herramientas, sino también el objeto de dichas disputas.

De a poco se ha instalado la idea de que “lo digital” no debe ser entendido como mera extensión de la vida fuera de las pantallas, sino como un espacio para el ejercicio de derechos y un ecosistema en evolución constante.

Y, sin embargo, las brechas de acceso limitan el potencial de las nuevas tecnologías para la construcción de sociedades más justas. Se trata de brechas multidimensionales que tienen su origen en inequidades históricas, que se replican en este nuevo contexto sociotécnico y que van desde cuestiones de orden material (infraestructura, equipos, disponibilidad de conexión), hasta cómo usar la tecnología, comprender sus riesgos, conocer sus ventajas y ser capaz de sacarles partido.

La pandemia es el ejemplo más claro de este escenario de inequidades: la digitalización acelerada y sin miramientos agrandó la brecha entre quienes se encuentran de lado y lado, con un efecto inmediato y claro en cuestiones como el empleo, la educación, la salud, la participación pública e incluso la posibilidad de interactuar con el Estado. La pluralidad de afectaciones a los derechos fundamentales se multiplica a medida que las vulnerabilidades se acrecientan; las vulneraciones multidimensionales facilitadas por el uso o la regulación de la tecnología se vuelven cotidianas y abrumadoras.  

Las organizaciones sociales y los activistas que trabajan en favor de la comunidad en América Latina están ayudando a disminuir las brechas, atendiendo a grupos que no son prioritarios ni para las empresas ni para los gobiernos. El Fondo de Respuesta Rápida para los Derechos Digitales (FRR) es una herramienta que apoya a distintas iniciativas dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos en entornos digitales, ayudándoles a lograr el impacto social deseado. A poco más de tres años de su lanzamiento, podemos dar cuenta de que ha sido un aporte en la región.

Un fondo rápido y flexible

El FRR está abierto durante todo el año para atender a las situaciones de urgencia que se presenten. Las organizaciones y activistas pueden aplicar para una ayuda rápida en dos pasos: el prerregistro y la postulación. Inmediatamente la propuesta es analizada por el Comité de Evaluación, compuesto por especialistas en derechos digitales de América Latina, externos a Derechos Digitales, quienes tienen hasta cinco días hábiles para dar respuesta.

El propósito del sistema de prerregistro como paso previo a la postulación es facilitar la eventual aprobación de fondos de manera acelerada para enfrentar las situaciones urgentes. Postular al FRR significa tener la posibilidad de acceder a fondos en cualquier época del año, sin la espera de los ciclos de asignación de fondos regulares, cuyos procesos de aprobación son largos y burocráticos. Esto permite realizar intervenciones cuando y donde son requeridas.

Por tratarse de un fondo flexible, permite a las organizaciones y activistas adaptarse al contexto según lo requieran, sin una recarga en la estructura administrativa y operacional. Este punto suele ser invisibilizado en la cooperación internacional, cuyo foco principal es el apoyo económico y, en ocasiones, el acompañamiento para el trabajo de impacto. Sin embargo, el trabajo de ejecución incluye también la gestión (rendición de las actividades propuestas y ejecutadas) y la administración de fondos según un presupuesto, requiriendo tiempo y dedicación del equipo o del activista en el proyecto. Es así como el FRR, además de atender las situaciones de urgencia puntuales, permite que quienes ejecuten los proyectos creen capacidades que les permitan continuar su trabajo de defensa y protección de derechos más allá del FRR.

Esto es particularmente importante considerando que, en su mayoría, quienes buscan el apoyo del fondo son organizaciones locales que no han formalizado su registro o activistas que tienen trayectoria haciendo trabajo directo con la comunidad y atendiendo a grupos con vulnerables, y que en muchos casos tienen debilidades en su estructura interna para hacer manejo de proyectos.

Impacto regional

El FRR es una iniciativa pionera en nuestra región financiando proyectos, ejecutados desde México hasta el cono sur, en un campo cada vez más relevante: la intersección entre tecnología y derechos humanos a escala regional.

Gracias al apoyo de Ford Foundation, Open Society Foundations y Derechos Digitales, entre junio de 2019 y 2021 el FRR asignó casi US $ 400 mil, apoyando la realización de 56 proyectos en 15 países de la región. En el 2021, el FRR ejecutó más de US $ 130 mil, en 20 proyectos con organizaciones y activistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. En lo que va del 2022, se han ejecutado 16 proyectos en 11 países de América Latina, asignando más de US $ 115 mil para la protección y defensa de los derechos digitales.

Las propuestas recibidas reflejan la desigualdad de la región, con un amplio rango de temas en derechos digitales: la protección a la niñez y adolescencia, a las poblaciones migrantes; la participación pública de comunidades rurales; la necesidad de participar en espacios de regulación de internet; y la incorporación de nuevas tecnologías.

El trabajo que se hace a través del FRR eleva el nivel de conocimiento en las comunidades, fortalece el músculo de las organizaciones y activistas, y obliga a comunidades y a instituciones a que conozcan más sobre las consecuencias que tiene el uso de tecnologías digitales, más allá de los beneficios potenciales. Los proyectos apoyados por el FRR abren discusiones sobre temas de interés en derechos digitales e invitan a responsables —públicos y privados— a incluir las necesidades de quienes son afectadas por el uso y abuso de las tecnologías. Además, sirven como ejemplo de la capacidad de reacción frente a esas necesidades de decenas de activistas y organizaciones de la región, demostrando el potencial de la sociedad civil para enfrentar la urgencia.

El FRR es una demostración del resultado significativo y duradero que se puede obtener de micro subvenciones, incluyendo a la diversidad de grupos a tomar parte de la conversación y acción para la defensa y protección de los derechos digitales. Por eso, consideramos que es una inversión social segura para el fortalecimiento del tejido social en la región. Con su aporte podemos hacer más (y por más tiempo) para proteger y defender los derechos digitales. Les invitamos a continuar la conversación y a conocer cómo pueden colaborar con el Fondo de Respuesta Rápida.

¿Quieres saber más sobre el FRR? Revisa nuestro reporte 2021 en castellano e inglés.