Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2021. En este instrumento se documentó, entre otras cosas, la situación de la libertad de expresión en internet y mediante el uso de tecnologías digitales en los países americanos. Las informaciones reportadas por la RELE nos permitieron conocer las acciones sistemáticas que los Estados implementan para vulnerar nuestros derechos digitales.

Ya bien entrado el 2022, buscamos conocer si el panorama de derechos digitales ha cambiado desde el 2021 hasta la fecha. Tomamos el informe de la RELE como nuestro punto de partida para explorar cuatro casos preocupantes en la región: Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Brasil: la desinformación de la pandemia a las elecciones

No es novedad que Brasil navega por los mares de la desinformación, el informe de la RELE la destacó como una herramienta utilizada por el gobierno federal en el marco de la pandemia por COVID-19 desde 2020.

En 2021 se inició una investigación por órdenes del Supremo Tribunal Federal con el objetivo de conocer cuáles fueron las acciones del gobierno en la pandemia, lo que incluía indagar sobre la posible divulgación de noticias e informaciones falsas. En los resultados de dicha investigación, se reconoció que el presidente Jair Bolsonaro fue uno de los principales impulsores de este tipo de noticias, minimizando los efectos y consecuencias de la pandemia, así como generando información errónea sobre las vacunas.

En 2022 la desinformación sigue presente como una herramienta utilizada por el ejecutivo federal, pero en un contexto distinto: el electoral. Las próximas elecciones presidenciales  han generado múltiples debates sobre el combate a la desinformación y han llevado al Tribunal Superior Electoral (TSE) a aliarse con las plataformas digitales, especialmente las de redes sociales y mensajería como Meta, Twitter y WhatsApp. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro continúa ejerciendo su poder al sembrar dudas y divulgar información falsa sobre el sistema electoral brasileño, lo que ha impulsado a la sociedad civil ha denunciarlo ante la CIDH, para que rinda cuentas sobre las acciones que está realizando el gobierno para frenar la desinformación, acciones que deberían apegarse a los principios establecidos en Declaración conjunta sobre libertad de expresión y noticias falsas del 2017 .

Ecuador: ¿mejoras en los índices de libertad de expresión en internet?

La RELE destacó que en 2021, Ecuador se posicionó como uno de los 18 países que mejoró sus índices de libertad de expresión en internet, según la calificación de Freedom House. Además, que fue el país que demostró el avance más significativo. Puede entenderse que los indicadores del país mejoraron porque en ese año no se restringió intencionalmente la conectividad como había sucedido en las manifestaciones de 2019. Sin embargo, es seguro que el reconocimiento durará poco, pues las protestas de 2022 detonaron una serie de violaciones a los derechos humanos en línea y fuera de línea.

Durante las manifestaciones el Estado ecuatoriano violó los derechos digitales de periodistas y de la ciudadanía que protestaba. Esto a raíz de poner  en marcha prácticas de videovigilancia hacia las organizaciones indígenas que lideraron el movimiento, y también de denunciar  la incautación de dispositivos móviles de algunas personas manifestantes. De acuerdo con la organización ecuatoriana Fundamedios, durante las protestas se vivieron 190 agresiones y ataques, de las cuales doce significaron restricciones en el espacio digital.

Nicaragua: el exilio frente a la Ley de Ciberdelitos

Desde 2020 el gobierno ha aprobado una serie de legislaciones que le dan el poder para silenciar a personas opositoras, activistas y la ciudadanía en general.  “La evidencia recopilada por la Relatoría ha llevado a concluir que no existe en la actualidad ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”, declaró RELE en su informe.

En el marco de la pandemia fue evidente la amenaza, pues las autoridades le dieron una advertencia al personal médico que opinó sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno, con el argumento de que opinar sobre ello contravenía a la Ley de Ciberdelitos.

La implementación de ese marco legislativo ha tenido consecuencias graves: personas presas políticas; el exilio de periodistas, activistas y opositores; cierre de organizaciones civiles; entre otras. La situación no ha mejorado en este año: se ha denunciado el cierre masivo de emisoras de radio y televisión, acto condenado por la CIDH. Recientemente, el diario La Prensa anunció que se exiliaría con su personal por el temor a ser encarcelados y encarceladas. El diario tomó la decisión luego de que periodistas y fotógrafos sufrieran allanamientos a sus hogares. Más que cambios positivos a favor de los derechos humanos, Nicaragua ha fortalecido un gobierno con tintes autoritarios y con capacidad para amenazar, hostigar y exiliar a su propia población.

Venezuela: la vigilancia en las comunicaciones

En 2021 la RELE documentó que Venezuela realizó “vigilancia a voces críticas” tanto en el entorno digital como fuera de línea. De acuerdo con la relatoría, la vigilancia aunada a las vulneraciones a la libertad de expresión, tuvo como consecuencia el inicio de procesos judiciales en contra de las personas que criticaron la labor del gobierno en redes sociales.

En este marco,  Telefónica Movistar lanzó un informe que dio cuenta de la intercepción de las comunicaciones más de un millón de personas usuarias de esta compañía. La intercepción se realizó por mandatos de instituciones gubernamentales y sin órdenes judiciales. Dado que se trata de un informe global, es fácil notar el contraste entre la cantidad de solicitudes de intercepción en Venezuela frente al resto de la región. Esta actividad representa una continuidad en las acciones del Estado por vigilar a su población, vulnerando su derecho a la privacidad.

Los cambios que aún no llegan

Los cuatro casos brevemente analizados evidencian una preocupante tendencia regional: los gobiernos no pretenden modificar sus conductas ni reafirmar su compromiso por los derechos humanos en los entornos digitales, lo que ha propiciado la permanencia de la desinformación, la censura, el exilio y la vigilancia. Para que el panorama de derechos digitales en la región cambie es necesario hacer una introspección sobre las problemáticas sistemáticas que vivimos en nuestros países, para desde ahí, proponer y demandar legislaciones y políticas que favorezcan un enfoque protector de derechos.

Los informes de la RELE, así como de otras relatorías de la CIDH, deben servir como un recordatorio a los Estados de que la comunidad internacional está atenta a sus acciones. Es fundamental que la sociedad civil organizada apueste por la documentación de la situación de los derechos digitales a nivel local, con la finalidad de acercar estas informaciones a las relatorías y otros mecanismos internacionales, y facilitar de ese modo la rendición de cuentas de los Estados.

Hacemos un llamado a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que legislen con base en los estándares internacionales y que trabajen para que, por fin, lleguen los cambios que necesitamos.