Actualmente, circula en Venezuela un borrador del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional (PLCI), una iniciativa de ley que busca redefinir la operación de la cooperación internacional en el país, con la consecuencia de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil por recibir fondos extranjeros. Se trata de una amenaza directa a la sociedad oganizada con el fin de atender grupos vulnerables, de protección de los derechos humanos, entrenamiento y formación, que no están alineados con los propósitos del gobierno.

Esta amenaza  no es nueva. En el 2006 durante la presidencia de Hugo Chávez, un PLCI fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, movilizando a las redes de la sociedad civil para detener su aprobación. La propuesta fue archivada, pero salió como discurso político nuevamente en el 2010 y en el 2015.

¿Para qué sirve la Cooperación Internacional?

La sociedad civil canaliza recursos humanos y financieros para la atención de los grupos más necesitados. Sus organizaciones son las que a menudo hacen aquello que los gobiernos y las empresas dejan de lado, lo que se conoce como las fallas de gobierno y mercado. De ese modo, muchas activistas, profesionales, ciudadanas de diversos ámbitos trabajan para construir  sociedades  más equitativas donde hay más vulnerabilidad. La naturaleza no lucrativa de ese trabajo significa que, para existir, requiere del aporte de recursos de diferentes fuentes

Históricamente el trabajo de la sociedad civil ha sido financiado por la filantropía y evolucionó hasta incluir la cooperación internacional. Los países que suscriben los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos tienen así la capacidad de promover la democracia dentro y fuera de sus fronteras.

La cooperación internacional es una herramienta para el fortalecimiento democrático basado en la colaboración entre países y la participación activa de la ciudadanía. Este principio de colaboración se ha usado como excusa para señalar a la sociedad civil organizada como agentes extranjeros en suelo propio, como instrumento de injerencia en asuntos internos o como factor de desestabilización. La razón aparente de limitar legalmente el funcionamiento de estas organizaciones es la intención de reducir la incidencia de las que son críticas a los gobiernos.

Una historia conocida

En 2006, durante la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela se redactó un Proyecto de Cooperación Internacional para ser discutido en la Asamblea Nacional.  El proyecto fue aprobado en primera discusión, activando la reacción de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de los países con los que Venezuela tenía relaciones comerciales y de cooperación, dejando con una mala imagen internacional al gobierno. El proyecto no tuvo segunda discusión, y quedó en los archivos de la Asamblea.

La amenaza de una ley de Cooperación Internacional revive periódicamente para ensombrecer a las organizaciones de la sociedad civil, luego del 2006, así pasó en el 2010 y luego en el 2015, sin que hubiese seguimiento legislativo.

Hay que destacar que desde antes de la aprobación del PLCI, el gobierno ha puesto otras trabas para que las organizaciones sigan haciendo su labor. Por ejemplo, en mayo del 2021, el gobierno activó un registro oficial de organizaciones no gubernamentales en la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, bajo la excusa de la necesidad de transparencia de estas organizaciones, solicitando información no solamente de las fuentes de financiamiento, sino también los nombres de las personas beneficiarias por las acciones de dichas organizaciones.

Se suman también los retrasos administrativos en el registro de nuevas organizaciones, e impedimentos para obtener la exoneración fiscal para las organizaciones sin fines de lucro. Todo esto sumado a la persecución constante de activistas que ha llevado a su detención arbitraria, y que fue resaltada en la actualización de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela en marzo de 2022.

El PLCI y una nueva lucha por la autonomía de la sociedad civil

El PLCI se propone reinterpretar qué es la cooperación internacional, vinculándola estrechamente con los objetivos del gobierno y dejando fuera a otros propósitos de organizaciones que operan en el país, como la promoción de derechos humanos o la ayuda humanitaria. Agrega sanciones para criminalizar tanto a personas como organizaciones, nacionales y extranjeras que no sigan los lineamientos de esta ley. Si la operación de estos órganos no se adecúa a sus parámetros, el proyecto permitiría al propio gobierno dejar sin efecto las obligaciones del Estado venezolano en sus acuerdos con organismos internacionales de cooperación. De este modo, se entrega al gobierno un poder de veto sobre la operación de organizaciones de la sociedad civil, pues el gobierno tendría la facultad de reconocer qué asociaciones podrían ser participantes de actividades de cooperación internacional. El Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales que crea el proyecto se convertiría así en el mecanismo para ejercer control sobre estas organizaciones.

De aprobarse el PCLI se limitaría drásticamente la libertad de asociación, pues se reduce la autonomía y la independencia de las organizaciones, principio básico indispensable para su labor. Todo esto pone en riesgo el funcionamiento, y la existencia de estos espacios de acción y afecta a quienes más lo necesitan. Afecta en igual medida a las activistas, generando un efecto paralizante a través de la incertidumbre y el miedo.

Un nuevo llamado de alerta

En mayo de 2022 se presenta un nuevo borrador al Proyecto de Ley de Cooperación Internacional (una variación de la versión del 2006),que ha encendido las alertas en la sociedad civil, que reclaman la no criminalización de su labor y resaltan quiénes serían las principales afectadas si una ley de este estilo llegara a sancionarse en el país.

Se hace imperativo para toda la comunidad internacional apoyar  y reconocer el esfuerzo que hacen organizaciones y activistas en Venezuela, en un contexto de emergencia humanitaria compleja y de una crisis migratoria que ha afectado a toda la región. El caso venezolano  no es el único en la región, pues las limitaciones a los espacios de activismo están constantemente en la mira de gobiernos. En ese escenario, no solo las activistas del país deben alzar la voz, sino también la sociedad civil organizada.