La violencia de género en línea se inserta en un contexto de violencia estructural que en América Latina ha buscado alejar a las mujeres (especialmente las mujeres racializadas) y personas LGBTQ+ de espacios y debates públicos. Este tipo de violencia se suma y da continuidad a brechas y otras formas de violencia físicas o psicológicas que persisten y se intensifican en la región.

Si internet tiene el potencial de amplificar el acceso a la información y las posibilidades de expresión libre y democrática, las distintas formas de violencia en línea generan trauma y exclusión, cuando las víctimas se sienten forzadas a desconectarse para sentirse seguras. Como señaló en su más reciente informe la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, Irene Khan, la equidad de género sigue un objetivo distante cuando se trata de libertad de expresión. “En la era digital, internet se ha convertido en un nuevo campo en la disputa por derechos de las mujeres, aumentando las oportunidades para que se expresen, pero a la vez multiplicando las posibilidades de represión”.

Según datos de Unesco, de una muestra de 901 periodistas de distintos países que se identifican como mujeres, 73% ha experimentado alguna forma de violencia en línea – siendo la amenaza de agresiones físicas y sexuales dirigidas a ellas o sus familiares una de las más comunes. Más grave: 20% reporta haber sufrido ataques o abusos consecuentes de violencia en línea. 

Los daños son reveladores: además de afectar sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación, protesta y de participación en la vida pública, la exclusión digital restringe las posibilidades de las personas afectadas por la violencia de pedir ayuda y trae limitaciones al ejercicio de sus derechos sociales. Estos incluyen el derecho a la información —por ejemplo, información relevante sobre salud, incluida la salud sexual y reproductiva— el acceso a beneficios sociales, el derecho a la educación, acceso al conocimiento y cultura, entre muchos otros. Más todavía durante la pandemia en curso, cuando todos estos derechos pasaron a depender de manera mucho más dramática de la tecnología. 

Por otro lado, toda la sociedad pierde con el silenciamiento de voces, especialmente aquellas de defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones feministas, artistas y periodistas que ofrecen opiniones críticas a los poderes económicos y políticos establecidos. Mientras aumenta la represión, persecución y criminalización de discursos disidentes, la violencia de género representa una forma más de censura contra las mujeres y personas LGBTQ+.

En el día que marca la lucha contra la violencia contra la mujer nos parece fundamental recordar la urgencia de hacer de internet no solo un espacio seguro para la expresión de las mujeres en toda su diversidad, como un ambiente en el que tal expresión se dé de manera libre de la interferencia arbitraria de agentes públicos y privados.

Es inaceptable que la protección de grupos vulnerables sea utilizada como excusa para más vigilancia, criminalización y control. Al contrario: es crucial que las mujeres puedan participar activamente en las discusiones y la formulación de políticas relacionadas a las tecnologías y que se dé prioridad a fortalecer las iniciativas de acompañamiento a víctimas de violencia en línea y fuera de línea en la región, así como proteger aquellas que utilizan las redes para defender sus derechos.

Una internet feminista no es un ideal lejano, sino una realidad que debe ser construida a diario.