El blog argentino Derecho a Leer, nace como una instancia de información sobre el caso del profesor Horacio Potel, al que se le inició una causa criminal a principios de 2009 por parte de la Camara Argentina del Libro, apelando al supuesto delito de difundir a través de Internet textos de filósofos como Nietzsche, Derrida y Heidegger.

Claudio Ruiz, presidente de ONG Derechos Digitales, habló con Derecho a Leer sobre la nueva ley de propiedad intelectual chilena y sobre la web 2.0 y el activismo ciudadano. La entrevista completa está acá. A continuación, un pequeño adelanto:

“Me parece que internet y las nuevas tecnologías en general suponen la posibilidad de poder hacer notar mucho más la voz de la ciudadanía. Y efectivamente a veces es posible a través de un activismo medial lograr que se modifiquen o encaucen decisiones políticas erráticas. El problema está en que en esto hay una trampa, que consiste en creer que sólo a través de clicks y rabiosos mensajes en twitter estamos haciendo ciudadanía y activismo. Si bien estas medidas son importantes para la información y asociatividad, la verdad es que si éstas no apuntan a medidas concretas y específicas a actores políticos, corremos el riesgo de disgregar el mensaje y finalmente no lograr los objetivos esperados.

De hecho creo que el caso español es muy interesante precisamente por lo mismo. España, a diferencia de los países de nuestra región, tiene un nivel de discusión –y de influencia medial incluso– muy importante respecto de los derechos de autor y sus equilibrios en la era digital. Pero a pesar de eso, las últimas propuestas políticas de reformas que se han hecho en España han apuntado precisamente en la dirección contraria, a seguir protegiendo intereses de titulares de derechos sin importar ni el interés ni los derechos del público.

Creo que es un ejemplo interesante de cómo el activismo desde nuestros escritorios no es suficiente para lograr modificaciones normativas reales. Sirve, sin ninguna duda, pero su utilidad va a estar determinada por el próximo cambio legislativo que se quiera proponer, que –siguiendo la pauta– estará pensado una vez más en proteger modelos de negocio vetustos y a una industria que no se quiere adaptar, sino que quiere por ley mantener privilegios comerciales que se encuentran obsoletos. El problema es que lo hacen a costa de nuestros derechos”.