La LUC en Antel, Antel en la LUC

En Latinoamérica, fue Uruguay país pionero en lanzar una red comercial 5G. Es líder en 4G y uno de las naciones con mayor y mejor cobertura de redes de banda ancha por fibra óptica (FTTH). Ello ocurre, sobre todo, por las inversiones de la estatal Antel (Administración Nacional de Telecomunicaciones), compañía monopólica para los servicios fijos, que también actúa en los mercados de banda ancha y telefonía móvil.

Para afrontar la pandemia fue esencial contar con conexiones a internet extendidas, de calidad y a precio accesible: nos permitió continuar con el trabajo, los estudios en todos los niveles de enseñanza, realizar consultas médicas, organizar el plan de vacunación, estar en contacto con nuestros seres queridos y acceder a entretenimiento. Elijo Antel, como usuaria de internet fijo y de celular. Lo elijo, como tantas otras uruguayas, no solo por la convicción de aportar a la empresa estatal, también por su alta calidad en el servicio, el buen saldo en la ecuación calidad/precio y la facilidad de financiación en los equipos.

Los aplausos del domingo pasado tienen su fundamento. Es la constatación en nuestra vida cotidiana. Nuestras conexiones a internet fijas y móviles no funcionan como antes. No se accede a los contenidos con la fluidez acostumbrada. Demoran en cargar. Quienes hemos tenido el privilegio de visitar otros países, habíamos constatado que teníamos la costumbre de gozar de una conexión veloz y accesible, ya en lo físico como en lo económico.

Pongamos un ejemplo. Si hoy día quiero recargar gigas, hace menos de dos años compraba 40 GB por 200 pesos uruguayos (4,5 USD, por un internet casi ilimitado) que me duraban diez días. Sin embargo, hoy puedo acceder a 50 GB que me terminan en cinco días, por 150 pesos (3,4 USD). ¿Pago 25% menos? En términos absolutos es cierto, pero en realidad es por la mitad de los días. Por supuesto, estos servicios de recarga lo utilizan sobre todo quienes tienen contratos más económicos y/o no cuentan con servicio de internet fijo en el hogar. Así de sutil pero eficiente se trata el desmantelamiento de Antel. Como el viejo mito de la rana que se cuece a fuego lento.

Liderazgo uruguayo en conexión a internet

Antel fue creada en 1974. Anteriormente, el servicio era administrado por la Usina de Telecomunicaciones del Estado (UTE), monopólica en el sector de la electricidad y en la telefonía. Posee una larga tradición dentro de las empresas públicas del país. Brinda servicios telefonía fija, móvil y de conexión a internet.  Gracias a la gestión de Antel, Uruguay es líder en región con mayor acceso a internet por habitante y es uno de los nueve países integrantes del grupo Digital Nations – D9, aquellos que poseen mejores conectividades. La Encuesta de Usos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020, en 2019 el 95% de los hogares en Uruguay acceden a internet a través de algún dispositivo y el 71% tiene banda ancha.

Antel ha permitido la ejecución de varias políticas de inclusión digital y universalización del acceso a internet, que ha permitido democratizar la conectividad y los dispositivos. Algunos ejemplos. Al ingresar al sistema público de enseñanza primaria o secundaria, cada niño y niña y cada docente de aula obtienen una computadora por medio del Plan Ceibal. El 100% de los centros educativos públicos cuenta con wifi, provisto con fibra óptica de Antel.

Además, el Plan Ibirapitá entrega tablets a personas mayores, jubilados, jubiladas y pensionistas que perciben las menores remuneraciones. Dicho plan c con capacitaciones y tarifas preferenciales. En 2019, dentro del total de hogares que cuentan con dispositivos digitales no celulares, 1 de cada 5 lo hizo únicamente debido a que contó con dispositivos de Plan Ceibal o Ibirapitá. En particular, Ibirapitá, se ha visto seriamente afectado debido a los recortes presupuestales.

Sumada a la destacada conexión de fibra óptica, la empresa construyó un Data Center, incorporación de contenidos digitales de VeraTv y Vera+, donde hasta 2020 podíamos acceder en forma universal a los partidos de la selección uruguaya de fútbol y los Juegos Olímpicos. Hoy accede quien puede pagarlo. La mayoría, ahora excluida, no puede disfrutar en directo del más popular de nuestros deportes.

Una empresa valiosa y pública

Antel sobrevivió a la oleada neoliberal de venta de las empresas públicas, a través de un referéndum impulsado por el movimiento social uruguayo en 1992 en defensa de las empresas públicas, que frenó las intenciones privatizadoras por aquel entonces. Acompañó el proceso del crecimiento acelerado de las telecomunicaciones en la última década.

Datos de la Ursec, indican una la participación en el mercado en telefonía móvil es de 51,2% para Antel, 30,7% para Movistar y 18% para Claro. Entre los años 2010 y 2014, Antel facturó 4600 millones de dólares, y en el período 2015-2019, de 4700 millones de dólares. En total, entre 2010 y 2019, la empresa aportó 1000 millones de dólares a rentas generales, es decir, a las políticas públicas de todo el país. Es una cifra importante en cualquier economía, pero realmente significativa en el PIB de un país de poco más de tres millones de habitantes.

Según información obtenida por el semanario Brecha, los ingresos de internet fijo en hogares alcanzaron en 2020 un nuevo récord histórico: 17.232 millones de pesos (unos 410 millones de dólares). Esto representó un incremento de 36% en comparación con 2018. Antel es la prueba fehaciente que los servicios públicos pueden ser rentables, brindar calidad destacada a ciudadanía en calidad y precio y que las ganancias se vuelquen a lo común.

El rico patrimonio

En marzo de 2020 asumió un nuevo gobierno en el país, poniendo fin al ciclo progresista que comenzó en 2005. Las estrategias propuestas para las empresas estatales son distintas a las anteriores. El conjunto de medidas y lineamientos que está llevando adelante el Poder Ejecutivo impactan desfavorablemente en Antel.

En la Ley de Urgente Consideración, en el presupuesto nacional, en la rendición de cuentas o en la nueva ley de medios, se busca sacar tajada de la empresa en beneficio de la competencia. Cuando no existen los consensos necesarios, se insiste en habilitar concesiones, ventas y beneficios por otros mecanismos o acelerando procesos privatizadores.

Florencia Leymonié, del integrante de Sindicato Único de las Comunicaciones (SUTEL) afirmó en una actividad del Colectivo +Igualdad “como trabajadoras y trabajadores de Antel vemos en los ecosistemas distintos sabotajes del servicio público, no solo de los servicios que da sino de su naturaleza de retribución social”.   

Es necesario entender que el acceso a internet hoy es condición de posibilidad del ejercicio de otros derechos fundamentales: el trabajo, el estudio, la salud, la cultura, la participación, entre otras. Las condiciones impuestas por la pandemia así lo demuestran y son irreversibles. Lo que arriesga la privatización producto de las presiones del mercado puede implicar retrocesos enormes en un camino con reconocimiento internacional, que repercute en mayores garantías y más democracia para las uruguayas y los uruguayos.

“No venderé el rico patrimonio de los orientales al precio miserable de la necesidad”, dijo José Artigas hace dos siglos. El aplauso sostenido sólo se explica por la insistente necedad de la coalición gobernante en poner a disposición de la mano invisible del mercado a la más sólida y rentable empresa uruguaya.