Este 27 de octubre, Derechos Digitales participó de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Uso de tecnologías de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión en pandemia”, para dialogar sobre la adquisición e implementación de estas tecnologías por parte de los Estados.

La intervención de Derechos Digitales estuvo a cargo de nuestra asesora internacional en políticas públicas, María Paz Canales, quien enumeró para la CIDH cinco dimensiones que es necesario considerar respecto de las tecnologías de vigilancia. En primer lugar, mencionó la creciente capacidad de servicios de inteligencia de utilizar tecnología para vigilar en forma dirigida a activistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Como ejemplo, mencionó los softwares de vigilancia e inteligencia de redes abiertas y patrullaje en Colombia y México.

En segundo lugar, las capacidades técnicas crecientes de interceptación de comunicaciones en investigaciones criminales, que se producen bajo normativas desactualizadas, sin adecuada supervisión ni limitaciones de alcance. En tercer lugar, la situación de retención de datos y metadatos por proveedores de servicios de internet, que luego son utilizados indiscriminadamente por agencias de gobierno. En cuarto lugar, se encuentra la tele-vigilancia en espacios públicos sin un marco normativo adecuado.

Como último, pero punto central, abordó el despliegue masivo de tecnologías de identidad biométrica en el espacio público, en particular tecnologías de reconocimiento facial como mecanismo de control de la población.

Al respecto, María Paz Canales señaló que “los sistemas implementados en la región ya han registrado errores que resultaron en graves consecuencias para las personas afectadas. El reconocimiento facial nos quita control sobre nuestro rostro, avalando un uso potencialmente contra nuestros propios intereses, además se trata de un dato que no es posible sustituir si se pierde el control. La posibilidad de estar bajo vigilancia constante, además, incentiva el silenciamiento y la autocensura, riesgos gravísimos para las sociedades democráticas”.

En la sesión participaron además otras organizaciones de sociedad civil latinoamericanas, incluyendo a FLIP de Colombia, Open Knowledge de Brasil e IDHUCA de El Salvador, que junto a Derechos Digitales son parte de la campaña #EstamosVigilando impulsada por CEJIL, y que busca comprender mejor las capacidades de vigilancia implementadas por los estados, a propósito de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

Puedes ver la sesión completa aquí.