Desde el pasado 14 de mayo, y a partir de las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan a nivel nacional desde el 28 de abril, la CIDH solicitó al gobierno colombiano una visita urgente de verificación, la cual fue reiterada el 25 de mayo luego de que el gobierno propusiera hacerla después de la audiencia programada para el 29 de junio.

La visita será la próxima semana y no incluye en su agenda la revisión de afectaciones a los derechos humanos utilizando herramientas tecnológicas y en el ámbito digital. Por eso, la Fundación Karisma con apoyo de otras organizaciones locales ha enviado una carta a la CIDH, pidiendo que se incluyan estos temas durante las jornadas de verificación.

Incidentes en la red

El 28 de abril estallaron en Colombia una serie de protestas, primero contra el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, pero también contra el proyecto de reforma a la salud y la crisis generalizada de derechos humanos, que durante la pandemia se ha intensificado. Las protestas se han mantenido por más de un mes y han convocado a los más diversos sectores sociales. 

Desde el primer día de protestas las redes sociales se llenaron de denuncias sobre abuso de la fuerza, uso de armas no convencionales y de fuego por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, y también sobre bloqueos de contenido y de cuentas que estaban haciendo estas denuncias en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. En aquel entonces, por unas horas, el sistema de tendencias en Twitter dejó de funcionar, lo que fue percibido como un acto de censura, aunque luego se reportó una falla técnica en varios países.

Además, el 6 de mayo muchas personas empezaron a reportar que las historias en Instagram relacionadas con #ParoNacional desaparecían. A las pocas horas, la plataforma informó que se trataba de una situación global y generalizada, no relacionado con algún tema en particular.

Una vez solucionado el problema, que afectó los destacados, historias y archivos de la plataforma, especialmente los contenidos compartidos, Instagram nuevamente comunicó que los reportes provenían principalmente de Colombia, comunidades indígenas en Estados Unidos y Canadá, y Palestina. Sin embargo, los lugares con mayor afectación fueron Estados Unidos y Brasil. Como manifestó Carolina Botero, directora de Karisma, la explicación de Instagram requiere mayor análisis dada la afectación particular sobre poblaciones que se encontraban en crisis sociopolítica por esos días.

Por otra parte, el 3 de mayo en la ciudad de Cali se transmitió en vivo el asesinato de un manifestante; esa misma noche, se denunció la muerte de al menos tres personas en el sector de Siloé, al occidente de la ciudad. En medio de la tensión, la noche del 4 de mayo muchas organizaciones de derechos humanos y medios alternativos denunciaron en redes que en los puntos de concentración en Cali (especialmente en Siloé) se estaba bloqueando completamente la conexión a internet, mientras la policía atacaba a les manifestantes. 

En la mañana del 5 de mayo, Netblocks publicó un reporte que confirmaba la interrupción parcial del servicio en Cali. En respuesta a las denuncias, tanto el Ministerio TIC, como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y las empresas EMCALI y Movistar, emitieron comunicados donde se concluyó que sí hubo fallas técnicas en el servicio de internet fijo debidas al robo de un cable, y que por la situación de orden público no fue posible repararlas de inmediato; pero definitivamente “no hubo una interrupción deliberada del servicio”.

Esta conclusión, que corresponde con el reporte técnico, abrió otras interrogantes, dado que las denuncias de desconexión se estaban haciendo desde un sector al occidente de Cali y principalmente en internet móvil, mientras que el daño técnico se reportó al oriente de la misma ciudad, afectando principalmente conexiones fijas.

De acuerdo con Carolina Botero, si bien es posible que la red se haya saturado esa noche, también se podrían estar utilizando inhibidores de señal, los cuales están prohibidos en todo el territorio nacional, excepto para organismos de seguridad del Estado, quienes podrían utilizarlos sin autorización del Ministerio TIC, en casos relacionados con la seguridad pública. Además, también se denunció el uso de estos inhibidores el 12 de mayo, en los alrededores del Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, donde se jugaba un partido de fútbol en medio de las protestas.

Teniendo en cuenta los cuestionamientos sobre la autonomía de la CRC y su falta de incidencia sobre la gestión del espectro, desde hace tiempo Karisma ha insistido en la necesidad de que existan mecanismos transparentes para regular y escrutar, no solo al sector privado, sino también al sector público. Esto se evidencia en la denuncia sobre el bloqueo de los dominios archive.org y ghostbin.co por parte de las empresas EMCALI y Avantel, en respuesta a una resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y vigilada por el Ministerio TIC.

Como también señaló Karisma, esta resolución podría ser legítima, pero desconoce el funcionamiento de internet y la imposibilidad de bloquear solamente una URL, lo que la hace completamente desproporcionada. Vale decir que la resolución surge en respuesta al filtrado de datos personales  de altos mandos militares, realizado por Anonymous como forma de protesta el 4 de mayo. 

Estas acciones, cuya legitimidad no es tema de discusión aquí, junto a otras como el saboteo a ciertos hashtag por parte de K-poppers, han servido al gobierno para alimentar una campaña de estigmatización a la protesta digital que, a través de lo que el Ministerio de Defensa ha denominado “ciberpatrullajes”, amenaza a libertad de expresión, según ha señalado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Este panorama es especialmente preocupante si recordamos las “medidas preventivas” desplegadas en Colombia previo a las manifestaciones del 21N de 2019, que supuestamente incluían la adecuación de aeronaves con sofisticados sistemas de reconocimiento facial, sobre los cuales no hemos tenido noticias durante estas jornadas de protesta.

Preocupante además, porque luego del escándalo sobre perfilamiento a periodistas, activistas y opositores al gobierno por parte del Ejército Nacional a principios de 2020, se denunció que la Policía planeaba comprar un sistema completo de “ciberinteligencia” por alrededor de un millón de dólares. Si bien esta compra fue cancelada, Karisma analizó sus características técnicas, que incluían no solo la capacidad de analizar información sino de infiltrarse en actividades a través de medios digitales. 

Esperamos que la CIDH atienda al llamado que hacen las organizaciones locales en Colombia y que apoyamos en América Latina, para reconocer las graves afectaciones a los derechos humanos en el entorno digital durante las protestas en Colombia, que hoy cumplen 38 días consecutivos.