Hace unas semanas fuimos testigos de la suspensión de las cuentas de Twitter y Facebook del ex presidente estadounidense Donald Trump tras el asalto al Capitolio, que fue ejecutado por sus seguidores y que terminó con cinco fallecidos y decenas de heridos.
En este contexto, el argumento de las redes sociales se basó en que permitir al ex presidente usar sus plataformas representaba un riesgo mayor de incitación a la violencia. En un comienzo, el bloqueo duraría 12 horas en Twitter y 24 horas en el caso de Facebook, pero se volvió permanente.
Esta decisión reactivó el debate sobre la responsabilidad de los intermediarios y la moderación de contenidos, además de la inevitable colisión entre quienes consideran que estas acciones constituyen una suerte de censura privada y quienes defienden la implementación de estas medidas para salvaguardar la democracia.
Sin la necesidad de referirse de forma directa a estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, convocaron recientemente a la audiencia pública “Moderación de contenidos en internet y libertad de expresión en las Américas”, que se realizará el 25 de marzo.
Sin embargo, en este debate también surgen otras interrogantes relacionadas a la uniformidad con la que las plataformas aplican sus términos de uso alrededor del mundo. En este escenario se sitúa el caso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, debido al contenido de sus redes sociales.
Bukele y el reflejo de Trump
El presidente de El Salvador ha utilizado sus redes para atacar a sus opositores políticos, insultar a funcionarios, burlarse de la prensa –que ha revelado numerosos casos de posible corrupción de su gobierno–, hostigar a defensores de derechos humanos y, en general, a todo quien manifieste descontento con su gestión. Así, funcionarios y seguidores reproducen una narrativa de confrontación en las redes sociales, que contribuye al estado de crispación que Bukele mantiene desde el inicio de su mandato.
Esta situación ha generado importantes reacciones, tanto en el ámbito nacional e internacional, que van desde llamadas de atención por parte del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa, hasta el establecimiento de medidas cautelares dictadas por la CIDH, para proteger la integridad física de periodistas afectados por la narrativa de confrontación que surge desde el Estado.
A raíz del asesinato de dos militantes del partido izquierdista de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a fines de enero –que fue perpetrado por el Jefe de Seguridad del Ministro de Salud y afiliado al partido de Bukele, según información de la Fiscalía General de la República–, el debate se ha centrado en la influencia de la narrativa del presidente y sus funcionarios. Además de la importancia de este hecho y la vinculación con el discurso presidencial, cabe la posibilidad de que se trate de un asesinato político, como no se había visto desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
El actuar del presidente de El Salvador recuerda a las acciones ejecutadas por Trump hace algunas semanas, por la valoración de su bagaje comunicacional, que incluye expresiones ofensivas a quien le contraría y arengas directas a sus seguidores. Hace un año exacto, Bukele incitó a sus seguidores a la insurrección, el día en que invadió con fuerzas militares y policiales el recinto de la Asamblea Legislativa. Aunque este suceso no tenía sustento jurídico alguno, sus seguidores asistieron para acompañarlo en la toma de la Asamblea.
Si bien en el caso de la invasión militar a la Asamblea existió una arenga explícita para realizar un acto violento contra una institución del Estado, no fue hasta el asesinato de los militantes del FMLN que algunas personas han comenzado a pedir que Twitter actúe sobre la cuenta de Bukele, motivadas por la forma en que esta red social reaccionó el 6 de enero en Estados Unidos.
De esta manera, la duda planteada en los primeros párrafos de esta columna, cobra una dimensión mayor: si Twitter y Facebook vetaron a Trump por relacionar su discurso con el asalto al Capitolio, ¿por qué a Bukele, con la toma de la Asamblea y las expresiones de violencia y degradación consiguientes, no se le han aplicado siquiera las medidas previas a la suspensión que se le aplicaron a Trump (advertencias en sus tweets o retiro de contenido específico)?
Esto no debe interpretarse como una petición de “deplatforming” contra el presidente de El Salvador. Cualquier medida de moderación que aplique alguna plataforma debe guiarse por estándares de derechos humanos, para garantizar el derecho a la libertad de expresión, evitar la censura y evitar que el contenido ilegal –o que incite a la violencia–, no sea difundido en línea.
Lo expresado aquí sirve únicamente para ubicar en contexto la expectativa que podría estarse generando en El Salvador, considerando la forma en que podría actuar Twitter con Bukele y su discurso confrontativo, así como ocurrió en Estados Unidos.
Hoy, a pocos días de iniciar el proceso de elecciones de alcaldes y diputados en El Salvador, y a pesar de que es probable que el partido de Bukele consiga una buena cantidad de representantes, el presidente continúa instalando una narrativa de fraude, sedición y golpe de Estado en torno a estos comicios a través de su Twitter.
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