El pasado 27 de enero finalizó el plazo para participar de la consulta pública, que busca elaborar un borrador de la Política Nacional (chilena) de Inteligencia Artificial. El proceso comenzó en 2020, con una serie de encuentros que contaron la participación de diversas organizaciones públicas, académicas y de la sociedad civil, Derechos Digitales entre ellas. Habiendo tomado rol activo en el proceso, nos parece relevante establecer algunas consideraciones críticas al borrador de la política propuesta y al mecanismo elegido para llevar a cabo su discusión.

Uno de los componentes centrales para la aplicación exitosa de cualquier política pública es la legitimidad que la ciudadanía atribuye al actuar estatal. Desde ahí es posible articular una dinámica que expanda la acción estatal más allá del ámbito de la coacción y se oriente en favor de la configuración de un horizonte que movilice a diversos actores sociales hacia objetivos comunes. De este modo, tras cada política pública subyace una promesa de mejora o desarrollo. En esta línea, es esperable que exista también un diagnóstico que justifique la promesa que articula la política en cuestión. Tomando en consideración el horizonte normativo propuesto, lo razonable es que esta nueva reglamentación sea explícita respecto de los agentes, instituciones y articulaciones requeridas para conducirla en los plazos comprometidos.

En el caso de la Política de Inteligencia Artificial, no sería exagerado mencionar que gran parte de estos elementos no se pueden identificar de forma clara en el documento propuesto. Uno de los primeros problemas que se identificó contempla la dificultad para definir el propio concepto de “inteligencia artificial” (IA), así como anticipar sus eventuales ámbitos de aplicación.

Sobre la inteligencia artificial se manejan algunas cosas: que supondrá una nueva forma de establecer relaciones entre seres humanos y máquinas, entre ellas mismas y entre los propios humanos, gracias al desarrollo maquínico. Pero vaya que resulta costoso afincar el concepto en una definición funcional y que sea capaz de identificar los riesgos asociados al surgimiento de tal desarrollo tecnológico. Sabemos también que “inteligencia artificial” se asocia a eficiencia y rapidez, pero al mismo tiempo resuena en la reproducción de patrones de discriminación.

Resulta lamentable verificar que la política propuesta no descansa sobre un diagnóstico sistemático de las capacidades y articulaciones existentes en el país, además de aquellas brechas que podrían ser subsanadas mediante la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. La falta de un diagnóstico acucioso muestra una comprensión deficitaria de la economía política que subyace al desarrollo de estas tecnologías. En particular, respecto al desbalance existente entre el norte y el sur globales, y nuestra posición relativa como país en este contexto.

Pese a coquetear con la comprensión de la inteligencia artificial como una articulación socio-técnica, esta aproximación no articula la estructura del borrador. Así lo anticipaba la investigadora Carolina Gainza en octubre pasado, pues hasta ahora no se tiene en cuenta las implicancias de tales desarrollos, ni cuál es el rol de las humanidades y las ciencias sociales en esta discusión.

Antes bien, el borrador propuesto se plantea como una declaración bastante optimista sobre los desarrollos en inteligencia artificial y asume la permanente ampliación del ámbito de aplicación de estas tecnologías. No solo carece de una visión crítica respecto de para qué promover tales tecnologías, la mayoría de las veces menciona una perspectiva en torno a la gestión de las tecnologías desde una lógica de intervención vertical que omite futuros cambios en la estructura del Estado (cuestión que resulta relevante ante el proceso de discusión constitucional en la que se encuentra Chile).

Otro problema serio se presenta en la configuración de la estructura del documento, ordenado en torno a tres ejes: (1) factores habilitantes, (2) desarrollo y adopción y (3) ética, aspectos legales y regulatorios e impactos socioeconómicos.

El aspecto más complejo se encuentra en el tercer punto y es de articulación lógica: en el mismo eje se consideran los elementos normativos —orientaciones éticas y ordenamiento legal—, junto a los impactos previstos de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Es fundamental distinguir ambos elementos. Mientras el primero señala el marco desde el cual se desarrollarán las innovaciones tecnológicas, el segundo se refiere a sus consecuencias e incluye la variable de género. A nuestro juicio, esta mención debería ser un elemento primordial en la estructura del planteamiento de la política, así como la comprensión de estas tecnologías más allá de su estricta dimensión tecnológica.

En este sentido, cabe preguntarse, ¿qué es el orden normativo sino uno de los propios factores habilitantes para el desarrollo de cualquier tipo de empresa?

Cabe destacar que las orientaciones éticas ­—por sí solas— no serán capaces de ordenar el despliegue de este tipo de dispositivos. Es necesario contar con un marco normativo explícito, vinculante, que establezca los límites para la acción estatal y privada ante los riesgos de su implementación. Este marco normativo no parte de una hoja en blanco, si no por el contrario, es necesario tomar en cuenta las obligaciones vigentes para Chile en la promoción y protección de derechos humanos, que están igualmente vigentes con respecto a las tecnologías que el Estado y las empresas implementen.

Los riesgos no son pocos, pues hablamos de potenciales usos inadecuados de datos personales, que incluso pueden llevar a la exclusión en el acceso a bienes públicos o a discriminaciones arbitrarias en las relaciones entre privados.

La semana pasada se conmemoró el Día internacional de la protección de datos personales, una efeméride que enmarca la discusión sobre inteligencia artificial, pues los datos personales son una condición para el despliegue de la mentada inteligencia. ¡Y vaya que tenemos mucho por avanzar en esta tarea! Sobre todo, antes de abrazar el despliegue de la próxima tecnología de moda sin mediar mayor crítica.

Es por esto que es necesario revisar el mecanismo mediante el cual se ejercerá la participación pública del documento en cuestión. Así, un espacio de comentarios de tan solo 1.500 caracteres es a todas luces insuficiente, por tanto se requiere un formulario que evalúe el nivel de acuerdo con los objetivos y principios propuestos. No se está midiendo qué tan de acuerdo se puede estar entre afirmaciones polares, como si fuese una encuesta de opinión; lo que se busca es analizar de manera crítica una propuesta de política pública. Así, las potenciales bondades de la participación ciudadana se diluyen en un mecanismo de consulta mezquino, que además justifica la existencia de esta columna y los comentarios ampliados que Derechos Digitales ha enviado esta semana al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

De todas formas, es rescatable la existencia del procedimiento de consulta pública, ya que da pie al enriquecimiento de la discusión por parte de la ciudadanía.

Es de esperar que la reflexión de la comunidad de investigadoras e investigadores —así como de activistas de distintos sectores de la sociedad civil y personas naturales—, nos permita contar con una mejor Política Nacional de Inteligencia Artificial. Una política capaz de identificar con claridad los riesgos, ámbitos de desarrollo, las instituciones y agencias responsables; las normas necesarias para su gobernanza, y los plazos de cumplimiento, habilitando el seguimiento, participación y ejecución de estas acciones por parte de la ciudadanía y con ella al centro, no al margen.