La exclusión definitiva de las cuentas de Donald Trump en varias plataformas digitales (o “deplatforming”) era algo que muchas personas deseaban como respuesta a la retórica del presidente y a la diseminación de odio, noticias falsas y teorías conspirativas. En otras palabras, esperaban el momento en que las plataformas de difusión de contenidos le dieran el mismo tratamiento que le dan a un ciudadano o usuario común, cuando incumple políticas y términos de servicio. Esta decisión es trascendental en varios sentidos y latitudes, y genera cuestionamientos importantes como: ¿cuáles son los límites entre la libertad de expresión y la censura?

Sin embargo, este tipo de debates, inclusive intentar responder a dicha pregunta, requiere de un análisis exhaustivo, no apresurado y desde las diversas aristas que lo componen. La más importante de ellas para el trabajo de nuestra organización: el impacto en los derechos humanos en ambientes virtuales y el futuro de internet.

Sin temor a equivocarme, puedo concluir dos cosas. Lo primero dice relación sobre la vigencia y el valor que representa cada vez más la discusión sobre la moderación de contenidos en internet; así como la regulación, autorregulación o co-regulación de aquellos actores que median el intercambio de contenidos en internet: los intermediarios.

El análisis sobre la forma en que se diseñan y aplican las políticas, y términos de servicio por parte de las plataformas digitales requiere de la consideración de los principios básicos de la gobernanza de internet, los derechos humanos, y de los valores democráticos de sociedades como la nuestra. En este punto del debate sobre las decisiones de los intermediarios en internet, cobra importancia el intercambio de ideas y los acuerdos que surgen de la sociedad civil, la academia, y los múltiples actores que conforman el ecosistema abierto y democrático de la red global tal como la conocemos (y deberíamos seguir cultivando).

Si bien, las alternativas con las que los usuarios de las plataformas digitales contamos hoy en día para producir contenidos, publicarlos y difundirlos a través de un universo de plataformas digitales, son ilimitadas, se debe a la forma en que funciona internet en sociedades como la nuestra. Estamos ante una nueva oportunidad para educar, reeducarnos como ciudadanos digitales, y para promover debates puntuales sobre los límites de la libertad de expresión, censura y el acceso a la información; la diversidad y la moderación de contenidos desde una realidad global de sociedades que se van agudizando cada vez más por la polarización política, los discursos de odio y discriminatorio, y la desinformación.

La segunda conclusión es más bien una reafirmación de que el debate actual sobre este caso en concreto reaviva la necesidad de no perder de vista la importancia del cultivo de habilidades que le permitan al lector discernir entre aquella información que muchas veces suele estar contaminada por sesgos comerciales, ideológicos o sectarios. Es decir, la capacidad para juzgar críticamente la información consumida a través de plataformas digitales, aplicando criterios propios de un lector letrado, que le permita transformarla libremente en contenidos o acciones para las diferentes esferas de acción con las que dicho individuo interactúa.

Este 2021 nos presenta dos oportunidades para afinar la comprensión y participación objetiva en debates que sean exhaustivos, no sujetos a contingencias, y donde Latinoamérica se posicione (tal como ya lo ha hecho Estados Unidos y Europa) respecto al futuro de la regulación normativa para plataformas de contenido. Además de la exclusión en plataformas de difusión de contenidos y aquellas que no son de contenidos; los distintos desafíos actuales, en razón de contextos y estándares distintos, del discurso político, diseminación odio y la desinformación.