El uso de algoritmos de reconocimiento facial puede tomar distintas formas técnicas. En términos muy generales, podemos distinguir el uso de esta tecnología para la verificación de un individuo y para la la identificación de la identidad de un individuo. Así, la verificación facial y la identificación mediante el reconocimiento facial son técnicas diferentes, que a su vez tienen formas distintas de ser utilizadas en la práctica.

En la primera, el usuario se somete voluntariamente a la comprobación de su identidad mediante la identificación de sus rasgos biométricos, para acceder u obtener algo a cambio, como el acceso a un servicio o el desbloqueo de su teléfono. La identificación mediante reconocimiento facial no siempre es voluntaria e implica el uso de inteligencia artificial y cámaras alimentadas de grandes bases de datos que rastrean los rasgos biométricos de las personas, como ocurre en las cámaras con reconocimiento facial en el espacio público. En todos estos casos se está tratando datos sensibles: aquella información personal referida a características físicas de las personas.

En El Salvador, el Ministerio de Educación ha propuesto que más de 75,000 estudiantes, de escuelas públicas y privadas, realicen a través de una plataforma digital la prueba AVANZO para evaluar su aprendizaje. Años atrás, la prueba –conocida como PAES- era presencial y sin el auxilio de tecnologías. Este año se usará verificación facial con la finalidad declarada de evitar fraudes. El gobierno anunció que comprará almacenamiento en la nube, sin especificar si se usará para la realizar la prueba o para resguardar los datos biométricos;  cada estudiante podrá acceder a una cuenta de Google for Education para ser evaluados a través de la plataforma ‘AVANZO’ – software desarrollado por la Secretaria de Innovación-.  

A través del Plan Cuscatlán: Innovación y Tecnología, el Presidente Nayib Bukele prometió en 2018  transformar tecnológicamente al país y entregar servicios públicos más eficaces. Las instituciones y mecanismos de control en El Salvador son muy débiles y no existen los marcos regulatorios que garanticen el ejercicio y protección de los derechos de los ciudadanos frente a la adopción de las tecnologías. La ausencia de regulación, supervisión y seguridad significa, en otras palabras, la ausencia de los controles y balances que ayudarán a proteger los derechos y las libertades civiles y, en general, hacer valer el Estado de Derecho.

Esa promesa ambiciosa choca de frente con recientes casos de exposición de datos confidenciales de miles de contribuyentes, estudiantes y ciudadanos,  evidenciando aún más la falta de regulación, estándares y protocolos básicos de protección de datos personales y seguridad de la información en el sector público, y aumentando el riesgo para cualquier persona que deba entregar su información personal. Preocupa aún más que gobiernos desarrollen y adopten tecnologías sin transparencia y regulación adecuada, como el caso de la prueba AVANZO. ¿Qué resguardos se han tomado en su formulación? ¿Cómo puede hoy la ciudadanía auditar o evaluar la creación y la adopción de esos sistemas?

De acuerdo con el Secretario General de la ONU, desde hace 30 años a través de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, casi 200 países han reconocido que “los niños tienen los mismos derechos humanos que los adultos”. Las tecnologías pueden impactar de diversas maneras sus vidas y sus derechos, sea positiva o negativamente. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) de El Salvador, basada en la Convención de los Derechos de los Niños, reconoce el derecho al honor, imagen, vida privada e intimidad, protección de datos y el interés superior de los niños y niñas. Y, en su articulado, prohíbe el uso de la imagen o en contra de la voluntad del niño o niña, o sin el consentimiento de sus padres. Imponer la verificación facial es grave, pues implica que miles de niños y niñas deberán entregar sus datos biométricos como la única alternativa para rendir la prueba.

En un contexto global de pandemia, que ha atacado fuertemente a países como El Salvador, parece ser que se acelera la marcha hacia “soluciones” tecnológicas que, entre otras cosas, asistan a los procesos educativos de los países. Pero frente a este apuro por digitalizar procesos, no hay una prisa similar por resguardar la información de las personas sujetas a esos procesos. Ni siquiera por el hecho de tratarse de personas menores de edad. A la fecha se desconoce el destino final y como serán almacenados esos datos. ¿Qué promovemos con este tipo de medidas? ¿El interés superior de los niños y niñas, o la colecta y uso de sus datos?