Durante los últimos días una nueva polémica ha acaparado titulares en la prensa y opiniones diversas en la red. Todo, por una denuncia del diputado UDI Gonzalo Arenas sobre la supuesta promoción a la censura de Internet por parte del proyecto de ley que busca una reforma a la actual regulación de propiedad intelectual. Tanto es así, que el diputado no duda en afirmar que esta nueva ley permitiría el corte de las conexiones de los usuarios que comparten contenidos en la red, según la sola voluntad de los prestadores de servicios de Internet (ISPs). Ante tales denuncias, ¿cuánto de esto es cierto?

Desde mayo de 2007, en el Congreso se encuentra en tramitación un proyecto que reforma la ley 17.336 de propiedad intelectual, que tiene como uno de sus fines principales, la modernización de la ley a los tiempos digitales. El artículo al que apunta la polémica es el 85 T (que supone el bloqueo de buena fe por parte de un ISP) y que, efectivamente, puede implicar un tremendo riesgo desde el punto de vista de la protección de garantías constitucionales como la libertad de expresión.

Dicho artículo, por lo demás, entra en abierta contradicción con el principio establecido en el mismo proyecto de ley, que considera que para que haya bajada de contenidos por parte de un ISP, debe existir previamente una resolución judicial, a diferencia del sistema de notificación privada que pretendían sellos discográficos y entidades de gestión colectiva.

No eliminar el artículo 85 T podría constituirse en una fuente maliciosa de abusos contra los usuarios de Internet. No obstante, y acá la gran diferencia con las alarmistas consideraciones de ciertos grupos, este artículo no implica que el proyecto de ley tenga como objetivo promover la censura en la red. De hecho, el que sea un juez el que intermedie en el caso constituye, sin lugar a dudas, una garantía tanto para autores como ciudadanos que se debe defender.

Las infundadas alarmas solo llevan a desinformación y ponen un paño de dudas a un proyecto de ley que, no exento de polémicas, ha logrado gracias al esfuerzo de distintas agrupaciones ciudadanas y de patrimonio, adelantos que hasta hace algunos años eran impensables, entre ellos: el establecimiento de una serie de  excepciones para fines educacionales, un régimen de autorizaciones para bibliotecas y de usos justos a favor de los ciudadanos, etc. Y aunque se echan de menos cuestiones sustanciales como, por ejemplo, establecer una política pública de fortalecimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural común, es un proyecto que sin lugar a dudas da un paso adelante en modernizar la actual ley a los tiempos digitales.

Que no sean las presiones políticas o eventuales oportunismos electorales de diversos sectores políticos, los que desinformen sobre la importancia de tener una nueva ley de propiedad intelectual justa y moderna, que por primera vez tome en cuenta de manera seria los intereses de los ciudadanos y del patrimonio cultural chileno.