La puesta en prisión preventiva de un ingeniero dedicado a la seguridad informática es el suceso más reciente desde que fuera conocido el hackeo sufrido por servicios estatales en Chile. La atención mediática y la intensidad de la medida cautelar aparecen como respuesta a un acto de vastas proporciones: la vulneración de los servidores de la página web de Gobierno Digital, de responsabilidad del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que habría significado el acceso a una enorme cantidad de información personal de chilenas y chilenos.

En particular, se trataría de un acceso no autorizado a datos de sistemas que procesan datos personales, incluyendo datos del servicio ClaveÚnica (para trámites personales en línea) y de la Comisaría Virtual de la policía (para trámites relacionados a permisos, de especial importancia durante la pandemia). No obstante, aunque el acceso se habría producido el 8 de octubre de 2020, no fue sino hasta la semana posterior que el hecho fue conocido públicamente, sin información clara sobre la magnitud del incidente ni sobre la información que habría sido filtrada, y apenas conociéndose que no habría contraseñas de ClaveÚnica comprometidas.

Como episodio solitario, el hackeo del Gobierno Digital de Chile parece suficientemente grave. No obstante, es apenas un capítulo  más en una lista sobre incidentes de seguridad que sigue extendiéndose, y que solo en el último año han afectado ya a un importante banco de propiedad estatal y a la misma policía uniformada, y que ha demostrado falencias de diseño y de seguridad en los servicio del Gobierno Digital. ¿Está haciendo algo el gobierno chileno por mejorar la seguridad de la información?

La política en deuda con la seguridad

Como ha repetido una serie de expertas y de interesados frente al descalabro de seguridad del Gobierno Digital del Estado chileno, hay una serie de iniciativas legislativas supuestamente destinadas a prevenir y enfrentar esta clase de incidentes. Ninguna está cerca de convertirse en ley. A la vez, deudas institucionales del gobierno impiden dar pasos decididos hacia una mejor institucionalidad.

Una de esas es la reforma integral a la ley de datos personales chilena, la primera de América Latina. El actual proyecto lleva años en el Congreso, con larguísimos períodos de tiempo sin avances, y corriendo el riesgo de convertirse en otro conjunto de buenas intenciones que no pueden ser llevadas a la práctica por la falta de una autoridad de control independiente y con facultades suficientes. Aun cuando el proyecto conocido todavía es susceptible de mejoras, siguen siendo rescatables aspectos de actualización largamente en deuda, como el deber de notificación de brechas de seguridad que afecten a datos personales dentro de un muy breve plazo de tiempo. Otras consecuencias, como el aprovechamiento de la información personal que circula en la red después de estas filtraciones, pueden ser también objeto de alguna reclamación. Hoy no parece haber prisa alguna en fijar esos resguardos en torno a la información personal.

Por el contrario, el proyecto de ley que implementa en Chile el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia sí está avanzando, aunque todavía de manera algo errática. También se trata de una actualización en deuda desde la primera ley en Chile de 1993, con positivos avances en la sanción de delitos complejos. Como ya hemos detallado, el primer intento de implementación de Budapest era peligroso; luego partes del mismo fueron corregidos y hasta hoy el proyecto conserva algunos de los vicios de los intentos de regulación de la persecución del delito en Chile: una expansión desproporcionada e injustificada de los poderes estatales para la intromisión en la vida de las personas bajo la excusa de la investigación criminal, sin siquiera mencionar el intento por expandir la retención de metadatos hoy vigente.

A la vez, la discusión legislativa en torno a los ciberdelitos todavía alberga una ardua oposición de los órganos policiales contra cualquier exención de responsabilidad a favor de quienes descubren vulnerabilidades de sistemas, en el marco de actividades de investigación, aun bajo requisitos estrictos para esa posible exención, a efectos de mantener bajo sanción penal actos que en otras latitudes son reconocidos como expresión de hacking ético.

La contumaz oposición a esa exención, de manera errada, conlleva la penalización una actividad seria y fundamental en la formación de capacidades de ciberseguridad y prevención de ataques. Al mismo tiempo, ignora que el crecimiento en cantidad y en sofisticación de los ciberataques, incluidos los ejecutados desde el extranjero, no va a detenerse porque haya sanciones penales más altas en Chile.

Finalmente, las carencias y falencias en los aspectos institucionales de ciberseguridad siguen siendo responsabilidad del gobierno. A acciones positivas como la entrada en vigencia de la Política Nacional de Ciberseguridad en 2017, la formación de un Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) de gobierno, y la creación del Comité Interministerial de Ciberseguridad (CICS), se han sucedido demoras significativas en el nombramiento de un encargado presidencial de ciberseguridad (siete meses de vacancia, y contando), la insistencia en un proyecto de ley de protección de infraestructura crítica que poco aporta en un resguardo significativo de instalaciones clave, y la eterna promesa incumplida de presentación de un proyecto de Ley Marco de Ciberseguridad que fije responsabilidades y procedimientos.

Por cierto, avanzar de manera sensible en todas esas áreas sería apenas un paso inicial: todavía estaría pendiente un real esfuerzo del Estado en transparentar y mejorar las medidas para garantizar la seguridad de la información y la respuesta a incidentes. Los despidos de alto nivel poco y nada aportan a mejorar las condiciones de seguridad; la imposición de urgencias sobre proyectos de ley deficientes tampoco ayudan. Los ataques seguirán ocurriendo, por lo que los esfuerzos y recursos puestos en educación y en prevención deben ser también prioritarios y continuos.

¿Y mientras tanto?

Pese a la celebración de autoridades políticas por el inicio de un proceso penal por el hackeo al Gobierno Digital, no hay nada que celebrar desde la perspectiva de la ciudadanía. Todavía es incierta la magnitud del acceso, todavía no se notifica individualmente a las personas afectadas, todavía no comenzamos a conocer los efectos de las filtraciones, todavía no hay certeza que el gobierno de Chile tenga la capacidad o la voluntad para enfrentar riesgos a los que está expuesta la ciudadanía. Es decir, todavía no hay razones entregadas por el Estado para que exista confianza de la ciudadanía en la gestión de riesgos en el ciberespacio. Más presuntos autores tras las rejas no es, y nunca ha sido, garantía de seguridad futura.

¿Qué queda hacer mientras tanto? Se ha insistido en la conveniencia del cambio de contraseñas para la ClaveÚnica, así como las prácticas de seguridad digital en general. Se ha reiterado la necesidad de mejorar las prácticas y elevar los estándares de ciberseguridad a los que se sujetan instituciones públicas y privadas. Pero la mayor responsabilidad todavía recae en la autoridad política, para materializar las aspiraciones de la Política Nacional de Ciberseguridad y reconducir una agenda hoy disgregada.

Mientras tanto, arrestos más y arrestos menos, seguimos tanto o más expuestas que antes al ciberdelito.