Desde el 2 de julio de 2020, diversas organizaciones en México alzaron la voz sobre la polémica veloz aprobación a reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, derivadas de algunas disposiciones del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Más allá de la velocidad del proceso por el cual entraron en vigor las reformas, los principales señalamientos estaban enfocados en la falta de espacios de diálogo que permitieran incorporar la perspectiva de derechos humanos en la modificación de las leyes vigentes y en las deficiencias que existían al importar fragmentos de la ley de derechos de autor de Estados Unidos sin tomar en cuenta la incorporación de medidas que permitieran la excepción de ciertas restricciones con fines legítimos -de acuerdo con las necesidades locales- para paliar los efectos de las rigurosas restricciones de la ley de EE.UU.

Lo anterior planteó un panorama peligroso para el ejercicio de los derechos digitales de las personas en México y las demandas propuestas a través de la campaña #NiCensuraNiCandados no tardaron en llegar a las conversaciones regionales y globales desde donde diversas organizaciones y especialistas se sumaron a difundir su preocupación sobre la falta de rigor por parte del Congreso mexicano para adherirse a la defensa de los derechos humanos contemplados en la Constitución.

La sociedad civil en México tenía hasta el 3 de agosto como una fecha límite para lograr que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o integrantes del congreso presentaran una acción de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que estas reformas fueran impugnadas. A pesar del tiempo tan limitado, la respuesta fue muy interesante. Diversos frentes, colectivos, organizaciones, medios de comunicación e integrantes de la ciudadanía se articularon para lograr que más de 70mil personas enviaran comentarios a la CNDH incentivándole a tomar acciones para resguardar los derechos humanos que se verían afectados por medio de estas reformas, particularmente: la libertad de expresión, el acceso a la información y la capacidad de investigar, desarrollar, modificar, reparar y crear a través de las tecnologías digitales.

A través de diferentes eventos y formatos de divulgación de la información en torno a estas reformas, aprobadas para la implementación del T-MEC en México, los diálogos transversales y multidisciplinarios -que no tuvieron cabida entre quienes tomaron la decisión de aprobar las reformas- lograron fomentar espacios de aprendizaje colectivo en los que surgieron dudas respecto a la técnica legal, las implicaciones del derecho de autor en la cultura y el impacto que tienen los candados digitales o medidas tecnológicas de protección en las actividades a través de las cuales también se ha construido soberanía tecnológica en diversos sectores de la sociedad nacional.

Además, la participación de organizaciones internacionales como la Electronic Frontier Foundation (EFF) de Estados Unidos y Karisma de Colombia, también permitieron que se consolidara el intercambio de perspectivas y experiencias internacionales en torno a restricciones que bajo el disfraz de la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor han puesto en riesgo el desarrollo cultural y social de sus países.

En México, la labor de organizaciones e iniciativas de la sociedad civil que han trabajado temas relacionados a la tecnología en el país tuvo un eco profundo en la vinculación con instancias enfocadas al desarrollo de productos audiovisuales, las comunidades de videojuegos y reparación de consolas, las bibliotecas independientes y las comunidades de radialistas que también están vinculadas con la defensa de la tierra el territorio, la salud sexual y reproductiva, la inclusión para personas con discapacidad y neuro divergentes, así como integrantes de grupos de docentes que han explorado las implicaciones y retos de la educación frente a la incorporación de plataformas digitales (que además ha tenido un despunte particular en el contexto de la pandemia que aún intentamos sortear).

La participación generada en torno al llamado a la acción por parte la campaña #NiCensuraNiCandados finalmente logró llamar la atención de la CNDH. Como resultado, el lunes 3 de agosto, esta comisión presentó la acción de inconstitucionalidad que podría permitir a la sociedad civil defender sus derechos… Si la respuesta a esta acción resulta favorable por parte de la SCJN.

Sin embargo, esto no quiere decir que las amenazas a los derechos digitales en el país hayan cesado frente a esta victoria. Aún hay diversas iniciativas que siguen buscando regular de forma abusiva los espacios digitales y los riesgos para la libertad de expresión ante el mecanismo de notificación y retirada -aún vigente- siguen surtiendo efecto para quienes resulten víctimas de su uso injustificado como una forma de silenciarles.

Aunque aún no sabemos cuál será la respuesta final por parte de la SCJN, es importante no perder la esperanza ni quedarnos con la sensación de que una victoria representa el final de esta lucha. Para lograr tener mayor injerencia en estas decisiones es fundamental que la sociedad civil continúe participando en espacios de intercambio y diálogo que permitan reducir un poco las brechas que nos separan de la autonomía que podríamos tener -como sociedad- sobre las tecnologías que también están siendo usadas para gobernarnos.

La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH es resultado de las demandas que presentó la sociedad civil organizada a este organismo y aunque aún nos quede bastante por hacer, es importante tomar en cuenta cómo la articulación de acciones políticas efectivamente se puede traducir en una transformación de las medidas autoritarias que ponen en riesgo nuestros derechos y libertades.

Lo que esta victoria nos deja es energía para seguir apostando a propuestas que permitan el diálogo entre distintos frentes de acción donde podamos organizarnos para participar en la democracia que nos gobierna. Aún tenemos mucho que aprender y podemos aprenderlo juntas, fortaleciendo las propuestas que nos permitan incidir en la transformación de nuestro gobierno y el desarrollo del país que habitamos.

Los derechos humanos no son moneda de cambio para tratos opacos ni negociaciones. No podemos aceptar políticas públicas que beneficien a las industria a través de la criminalización de nuestros derechos, atentando aún más gravemente contra los sectores marginalizados y los grupos que resisten los abusos por parte del gobierno. Frente a escenarios tan complejos, con impactos tan profundos en el desarrollo social, no podemos evitar actuar: construyendo, aprendiendo y respondiendo colectivamente.

¡Gracias a todas las personas, organizaciones e iniciativas que hicieron posible esta victoria! 

Ojalá esta sea una de varias más por venir para defender nuestros derechos también en las plataformas digitales: por un futuro en el que no existan #NiCensuraNiCandados