Los servicios de comunicación, el comercio en línea, el suministro de energía para las ciudades, la infraestructura de la red. Prácticamente toda la información que transita por las múltiples fronteras de los sistemas conectados dependen de la seguridad que ofrece el cifrado. Y no solo eso, el cifrado es también una pieza fundamental para el ejercicio de derechos: la defensa de la libertad de expresión y de prensa, de expresar y asumir posturas políticas, incluso la supervivencia de grupos políticos disidentes en regiones antidemocráticas dependen de la seguridad y la privacidad que solo el cifrado tiene el potencial de ofrecer. Por eso, los ciudadanos y ciudadanas – usuarias de la red – hoy pueden brindarle mayor protección y privacidad a su información, de forma más fácil.

Este empoderamiento ha frenado el acceso de agentes del Estado a las comunicaciones privadas, cuestión antes rutinaria. Durante décadas, este acceso posibilitó programas de vigilancia masiva e incontables escuchas ilegales y, con ello, el debilitamiento de los derechos constitucionales, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Igualmente, el cifrado ha frenado interceptaciones clandestinas de parte de agentes privados. El cifrado, por lo tanto, ha posibilitado que las personas reconquisten sus libertades y su autonomía informativa.

Frente a esa situación, las agencias de investigación – cuyo interés responde a la demanda por mayor “velocidad” en la solución de procesos criminales y la expansión de los mecanismos para acceder a círculos de información privada de la ciudadanía, comprometiendo los derechos humanos y la seguridad en la red – por años han desarrollado  narrativas que buscan resignificar la importancia del cifrado. Sin embargo, tales artificios retóricos son muy reveladores y forman parte de un conjunto de acciones sistémicas que buscan estigmatizar la tecnología (en este caso, el cifrado) por medio de su criminalización, con el objetivo de hacer susceptibles a los congresistas a este mensaje de modo que aprueben políticas orientadas a debilitarla.

Fabricando distopías

Las crisis suelen desencadenar grandes cambios, sean sociales, económicos o tecnológicos. Por eso, en escenarios de crisis, para las políticas anticifrado la apuesta se hace desde el lenguaje utilizado para referirnos a la técnica. Mientras existe un consenso entre el sector técnico, académico y social sobre cómo el cifrado “fuerte”, “seguro” o “robusto” es un recurso del cual depende la seguridad de la información, para el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) este sería a prueba de órdenes judiciales y establecería zonas fuera del alcance de la ley. La imagen que quieren proyectar es la de un espacio barbárico, un ejercicio de doblepensar utilizado por regímenes de gobierno como el imaginado por George Orwell.

Los avances en las técnicas de seguridad de la información, arquitecturas que permiten establecer canales de confianza entre usuarios y servicios, así como garantizar la integridad de los intercambios informacionales críticos al funcionamiento de la administración y los servicios públicos, son deliberadamente ignorados por las narrativas de los sectores encargados de investigar los delitos y aplicar la ley. El cifrado es asociado con “espacios sin ley creados por los dueños de grandes empresas” “motivados por el lucro”. Se olvidan de que, antes de relacionarse con un modelo de negocio, se trata de un elemento clave para la resiliencia de la red, y proponer cualquier excepción es lo mismo que defender la abolición de la ciberseguridad.

Como apunta el seminal estudio “Keys under doormats”, crear brechas en los sistemas cifrados va mucho más allá de posibilitar un “acceso excepcional” al contenido protegido. Agregar un nuevo atributo (como un backdoor) en tales mecanismos, haciéndolos más complejos, genera una serie de nuevas interacciones con los demás recursos del sistema de seguridad y, con ello, vulnerabilidades imprevisibles. “La complejidad es enemiga de la seguridad”, afirman las expertas. Las entidades responsables de resguardar, por ejemplo, las claves de acceso a los sistemas cifrados serían víctimas de ataques maliciosos. Además, es igualmente posible cuestionar la misma idea de “excepcionalidad”, cuando son ampliamente conocidos los innumerables episodios de interceptación ilegal de las comunicaciones privadas, por parte de agencias estatales, sin orden judicial.

Este tipo de propuesta parece ignorar la integridad física de las personas, las protecciones a la actividad periodística o la vida de las minorías que dependen directamente del secreto de sus comunicaciones. A modo de ejemplo, hace poco se supo que la recientemente aprobada “Ley anticifrado” australiana está siendo utilizada para violar las protecciones a periodistas en el país. Igualmente, no se considera el impacto que políticas que debilitan el cifrado pueden tener a nivel internacional en otras jurisdicciones, sobretodo en países donde disidentes políticos son perseguidos por el Estado, minorías étnicas son monitoreadas o comunidades LGBTQI+ son criminalizadas por gobiernos fundamentalistas. Aún así, para el DOJ, el negocio de las empresas que ofrecen el cifrado es “vender productos para ganar dinero […] mientras nuestro negocio es prevenir crímenes y salvar vidas”.

El cifrado se basa en posibilidades matemáticas. Aún así, las narrativas gubernamentales apuestan a un solucionismo tecnológico que supera los límites matemáticos para conciliar, por un lado, las demandas de acceso a los datos y a las comunicaciones cifradas y, por el otro, la seguridad e integridad de la red. Las palabras de un representante del Ministerio Público Federal de Brasil son ilustrativas: “estos instrumentos fueron creados por hombres y, si fueron creados por hombres, pueden ser diseñados de una manera distinta”. Cuando era director del FBI, Christopher Wray  afirmaba que creía posible conciliar ambas cosas: “si podemos desarrollar autos autónomos que dan independencia para que los ciegos y personas discapacitadas se transporten; si podemos establecer mundos virtuales totalmente generados por computadoras para elevarnos al próximo nivel del entretenimiento y la educación de manera segura […], seguramente debemos ser capaces de fabricar dispositivos que, a la vez, ofrezcan seguridad y permitan accesos”. Como afirma Corey Doctorow, el FBI cree en una matemática imaginaria y que los desarrolladores no están siendo suficientemente “nerds” para solucionar esta imposibilidad técnica.

El miedo a la oscuridad es también un artificio importante en estas narrativas: “el cifrado nos amenaza con llevar a todos a la oscuridad”; “el FBI trabaja en una sala. El rincón de esta sala ha estado oscuro en los últimos veinte años […]. Este rincón ha empezado a ocupar todo el espacio”. La expresión “going dark” es un resultado directo de esa estrategia. 

Como señala Phillip Rogaway, las narrativas gubernamentales son producidas de forma que garanticen el direccionamiento del discurso exactamente hacia donde las autoridades desean que camine, en un movimiento que apuesta al miedo: el miedo al crimen, el miedo de los padres de no lograr proteger a sus hijos e, incluso, el miedo a la oscuridad. La metáfora del oscurecimiento ejercita el “branding” (la repetición del “going dark”) intentando plasmar un modo de pensar y, con eso, reconfigurar el mismo significado del cifrado.

Las imágenes e imaginarios sobre casos sensibles, como la explotación sexual de menores de edad, las amenazas de atentados terroristas o las redes de tráfico de drogas también han sido históricamente  explotadas en los discursos anticifrado. El DOJ, por ejemplo, pone el cifrado ofrecido por WhatsApp en el centro narrativo de los casos de exterminio de policías por carteles mexicanos. Por su parte, el ex-director del FBI, James Comey, ha apostado a crear escenarios distópicos de futuro: “si [el cifrado fuerte] se vuelve regla […] los homicidios se volverán comunes, los sospechosos caminarán libremente por las calles y los violadores de niños no podrán ser identificados o procesados judicialmente”.

Las expertas presentan datos más convincentes. Por ejemplo, la sola existencia del cifrado por defecto en los dispositivos desincentiva los intentos de agentes maliciosos por apoderarse de ellos, dada la imposibilidad de acceder a los datos que almacenan – una de las principales motivaciones económicas de este tipo de ataques.  Una señal de eso sería la caída en el número de hurtos de celulares desde que Apple implementó el cifrado por defecto en sus dispositivos.

Contrario a la idea del fin de la seguridad pública imaginada por las narrativas gubernamentales, el cifrado democratiza los recursos de seguridad al desencentralizarlos y hacerlos disponibles por defecto. Y al contrario de lo que supone la “sala oscura” del FBI, nunca hubo tantos medios disponibles para la recolección de datos para fines del proceso penal. Esto incluye sensores y objetos conectados a internet en los espacios públicos y domésticos, las redes sociales e, incluso, el hackeo liderado por agencias gubernamentales. La sala oscura, en realidad, se encuentra eclipsada por una era de oro de la vigilancia.

Según las narrativas de las fuerzas policiales, los “abogados de la privacidad absoluta” estarían sufriendo de un “radicalismo post-Snowden”. La sugerencia de ese tipo de afirmación es que hay radicalismo, donde lo que existe es la defensa de derechos individuales. Pasa que, al final del día, una “privacidad a medias” es un derecho frágil y fácilmente vulnerable. Además, siempre hubo privacidad absoluta. Pensar algo distinto sería lo mismo que prohibir que un mensaje escrito en papel sea después quemado. O prohibir que existan conversaciones privadas en lugares remotos. Si todos los espacios se hacen pasibles de interceptación o acceso estatal, la misma esencia de la privacidad se compromete, y las relaciones y comunicaciones de las personas se inhiben. 

En conclusión

Las narrativas anticifrado sugieren una reacción conservadora que busca desarmar, a partir del lenguaje (y, en consecuencia, del lobby legislativo), avances de orden tecnológico y social. Lo hacen simulando futuros caóticos, estados de excepción y escenarios de crisis, invocando figuras conocidas e imágenes perturbadoras, típicamente utilizadas contra las libertades en internet.

En realidad ese conservadurismo policial intenta, incansablemente, rescatar la facilidad que una vez tuvo para invadir espacios y comunicaciones privadas. Que los defensores de la “vigilancia absoluta” se muerdan su propia lengua: sus palabras no son más que ecos del pasado.