En distintos países de la región se han tomado medidas para frenar los impactos de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), comunmente conocido como coronavirus. En América Latina nos enfrentamos a un panorama incierto, donde los esfuerzos por intentar aplanar la curva pandémica han agudizado problemas que yacían invisibilizadas.

Frente a la incertidumbre han surgido propuestas que pretenden colocar a la tecnología como eje fundamental para guiar a  los gobiernos en dirección a las medidas adecuadas o medir la eficiencia de las ya implementadas. Sin embargo, de nueva cuenta volvemos a caer en el espiral de la opacidad, donde se apuesta a implementaciones técnicas que, por falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, abren la posibilidad de menoscabar derechos humanos a través de la tecnología.

Y es que, como hemos hablado anteriormente, el uso de tecnología desapegado de una perspectiva de derechos humanos posibilita distintos tipos de abusos, sustentados por la falta de claridad respecto a las normativas, objetivos, facultades y restricciones que debieran enmarcar la implementación de herramientas técnicas. 

¿Qué está pasando en América Latina?

En Argentina, se desarrolló la app Covid-19 Ministerio de Salud que permite una autoevaluación de síntomas. Si bien esta app no ofrece más información ni alertas en tiempo real, en el país se han difundido aplicaciones y plataformas de análisis no oficiales que pretenden predecir el comportamiento de la pandemia a través de inteligencia artificial.

En Bolivia el Ministerio de Educación presentó Coronavirus Bolivia, una app que brinda información sobre prevenciones y cuidados, síntomas, preguntas frecuentes y números de emergencia, además de publicar datos y comunicados oficiales actualizados. Además, se dispuso el sitio boliviasegura.gob.bo donde -además de lo que ofrece la app- se puede ingresar a boliviaverifica.bo un esfuerzo que “se dedica a la verificación de noticias falsas y del discurso público para luchar contra la desinformación”.

En Brasil, se lanzó la app Coronavírus-SUS que además de permitir autoevaluación, también ofrece información sobre prevención, unidades de salud disponibles y alertas emitidas por el Ministerio de Salud. Aunado a esto, en colaboración con el Hospital Israelita Albert Einstein se ha puesto a disposición del público el sitio autoavaliacaocoronavirus.einstein.br para brindar autoevalución en línea.

En Colombia, CoronApp – Colombia fue la propuesta del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para monitorear el estado de salud de las personas en Colombia (residentes y extranjeras), también brinda información sobre las medidas gubernamentales, recomendaciones de prevención, ubicación de centros de salud y canales de atención. Además de esto, se ha puesto a disposición un sitio web con información sobre el progreso del contagio en el país: coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html

En Ecuador, la app SaludEc busca ser un canal de telemedicina que complemente las estrategias del Ministerio de Salud Pública. Además de ofrecer autoevaluación de síntomas y proveer información oficial, esta app permite agendar citas médicas de especialidades no relacionadas con el coronavirus. También se creó el sitio coronavirusecuador.com/ donde además de lo que ofrece la app existe una sección dedicada a reportar las noticias falsas que circulan a propósito de la emergencia médica.

En Guatemala, se presentó Alerta Guate, una app desarrollada –de acuerdo a lo declarado por el presidente Alejandro Giammattei- “en colaboración con Israel y Google”. Esta app está basada en la plataforma de comunicación de emergencia móvil In-telligent y ofrece alertas específicas de acuerdo a la ubicación de las personas (que también se reproducen de forma audible), instrucciones e información general y comunicación con personal de asistencia a través de un botón SOS.

En Honduras, Alerta Honduras fue creada como un esfuerzo independiente al gobierno ya que este no ha apostado por plataformas digitales para brindar servicios de información oficial centralizada. Ante esto, la necesidad de las personas por informarse llevó a que hubiera un auge de aplicaciones maliciosas, propiciando la popularización de un ransomware (software que permite el secuestro de datos) en marzo.

En México, la aplicación COVID19-MX fue presentada a inicios de abril y ofrece accesos directos a los canales de atención, autodiagnóstico, ubicaciones de centros de salud cercanos, información, noticias y consejos de prevención. Este esfuerzo se suma al sitio web oficial coronavirus.gob.mx, la implementación de un chatbot para autodiagnóstico y la recientemente anunciada colaboración entre empresas de telefonía y autoridades gubernamentales para monitorear el movimiento de quienes residen en la Ciudad de México.

En Uruguay, se presentó Coronavirus UY, una aplicación enfocada a permitir el autodiagnóstico y ofrecer soluciones de telemedicina a quienes sospechen haber contraído el virus. Esta aplicación, como estipuló el secretario de Presidencia, es un elemento adicional a las vías de comunicación ya implementadas por el gobierno, tales como el sitio web del Plan Nacional Coronavirus, un chatbot y canales de comunicación alterna a través de WhatsApp y Messenger.

¿Qué casos nos preocupan?

Si bien estas medidas parecen inocuas, particularmente en los casos de Brasil, Ecuador y México distintas organizaciones e instituciones de la región nos hemos posicionado para señalar una serie de inquietudes respecto a las propuestas gubernamentales de estos países respecto a implementaciones tecnológicas para rastrear la propagación del virus.

En distintas prefecturas de Brasil se han implementado tecnologías que pretenden utilizar servicios de geolocalización para identificar a quienes incumplieran con la cuarentena establecida. En Ecuador se implementa la georreferenciación de personas en el cerco sanitario a través de rastreo satelital. En la Ciudad de México se anunció la implementación de georreferenciación de telefonía móvil para “un monitoreo del movimiento y contacto entre personas, con el objetivo de identificar si cumplen con el aislamiento”.

Aunque el contexto de emergencia exija medidas extraordinarias, es preocupante que más allá de las declaraciones de uso de ciertas tecnologías no exista claridad respecto al uso, limitaciones y medidas de resguardo en el tratamiento de datos personales y sensibles que serán capturados masivamente a través de estas implementaciones. En esa vaguedad es donde se instaura la posibilidad de que estas medidas excepcionales no solamente se normalicen, sino también sean usadas de forma abusiva en detrimento de los derechos humanos para fortalecer mecanismos de vigilancia y control social.

Medidas excepcionales y abusos cotidianos

Como hemos señalado anteriormente, la tecnología provee de oportunidades valiosas para potenciar esfuerzos encaminados al desarrollo social. Pero si la tecnología se implementa sin controles claros esta potencia puede devenir en la instrumentalización de las capacidades de recopilación de datos, identificación o incluso diseminación de información con fines que distan del respeto a los derechos humanos y se acercan más a formas de control social.

Aunque enfrentamos una situación excepcional a nivel global, las discusiones en torno al abuso de la tecnología por actores gubernamentales en la región no son nuevas. Es por esto que distintas organizaciones de América Latina y el mundo hemos señalado en reiteradas ocasiones la importancia de analizar estas implementaciones con el fin de evitar que estas conlleven el detrimento de derechos y libertades.

Además es importante señalar que en el contexto regional la brecha digital no es un tema que debería pasar desapercibido en este tipo de discusiones, pues 45% de las personas en América Latina no tiene acceso a los servicios derivados de la conectividad digital. Si los gobiernos apuestan a centralizar esfuerzos de comunicación, educación y asistencia a través de tecnologías y servicios que dependan del acceso a dispositivos conectados a internet, se refrenda una distinción social donde las desigualdades de acceso y privilegio económico impactarán profundamente en el apoyo que las personas más vulnerables puedan recibir.

Desde Derechos Digitales, en coalición con Al Sur y junto a nuestras aliadas en distintos países de la región, seguiremos observando el desarrollo e implementación de las tecnologías que -en el contexto de la pandemia- sean desplegadas en América Latina.