Frente al avance del COVID-19 en América Latina, diversos países han decretado cuarentena educativa e implementado medidas para garantizar que los y las estudiantes puedan continuar sus procesos de aprendizaje. La Unesco ha identificado docenas de respuestas educativas en la región, que van desde la disponibilidad de contenidos en línea hasta la autorización para el desarrollo de cursos a distancia.

No hay duda de que el acceso a la información y al conocimiento es fundamental durante y después de una crisis como la que presenta el COVID-19. Sin embargo, es necesario pensar sobre cual será el impacto real de las medidas implementadas y cuales serán sus efectos a mediano y largo plazo.

Límites estructurales

Existen aspectos estructurales que deben ser considerados al analizar cuan efectivas pueden ser las respuestas educativas basadas en la oferta de contenidos en línea o en clases virtuales. En la capa de infraestructura y conectividad se encuentran las desigualdades de acceso a  internet, requisito fundamental para cualquier estrategia de educación en línea. Hasta 2016, menos de la mitad de los hogares latinoamericanos estaban conectados a la red mundial de computadoras, según datos de la CEPAL. Si consideramos los contextos nacionales, países como El Salvador y Nicaragua seguían con menos del 20% de sus domicilios conectados en 2017. El avance del acceso a las redes móviles seguramente influye en este escenario, pero en muchos casos se da por medio de planes de datos limitados que no permiten la descarga de archivos o videos de manera libre.

En relación al hardware, hay que considerar que diferentes tipos de dispositivos conllevan distintas posibilidades de uso educativo. El acceso a computadoras sigue siendo limitado en la región y en algunos países ha decaído en los últimos años mientras aumenta el número de personas que acceden a la red solamente por el celular, particularmente en las clases más bajas. A pesar del aumento de las tasas de acceso a smartphones en los últimos años, estos no están diseñados para la lectura de textos largos, ni mucho menos para la elaboración o edición de textos. Es más, su uso por períodos extendidos de tiempo puede impactar en la salud de niños y jóvenes.

Cuando se trata del software, se observa una creciente tendencia a la utilización de herramientas comerciales cuyos modelos de negocio se basan en la recolección de una enorme cantidad de datos personales para fines publicitarios. Una investigación desarrollada en Brasil, con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la protección de derechos digitales (FRR), muestra que el 65% de las universidades y secretarías de educación brasileñas utilizan servicios de empresas como Google y Microsoft, sin medidas de transparencia sobre las condiciones de protección de datos e información de miles de profesores y estudiantes que actualmente utilizan sus herramientas.

También en Brasil, encuestas con profesores y profesoras de educación básica muestran un amplio uso de servicios comerciales como Facebook y WhatsApp para la comunicación con estudiantes, envío de materiales y preparación de clases; sin mayores consideraciones sobre sus impactos a la privacidad de niños y adolescentes.

Finalmente, cuando se trata del contenido, las limitaciones jurídicas – impuestas por restricciones presentes en las leyes de derechos de autor – y técnicas al acceso pueden convertirse en una nueva barrera para el aprendizaje en línea.

Es importante considerar también que la brecha digital tiene distintos niveles. Además de la disponibilidad de conexión y dispositivos, son necesarias una serie de capacidades para hacer un uso significativo de las tecnologías para la investigación y aprendizaje; estas habilidades también se encuentran desigualmente distribuidas en América Latina.

Una emergencia social

Mientras las estrategias consideradas exitosas para el combate al coronavirus en Asia y Europa pasan por el aislamiento de la población, en América Latina está el desafío de contener su avance en regiones donde predominan viviendas precarias, hay escaso acceso al agua y a servicios sanitarios, o donde, básicamente, el Estado se encuentra ausente.

El cierre de escuelas puede ser particularmente dañino en los lugares donde estas instituciones son las principales responsables de ofrecer alimentación y agua potable. Según datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 85 millones de niñas y niños dependen de la alimentación escolar en América Latina y el Caribe.

Entre las personas jóvenes y adultas matriculadas en la enseñanza secundaria y superior, el periodo de cuarentena puede implicar la acumulación de tareas y preocupaciones diversas, como recuerda la profesora de la Universidad de Arkansas Rebecca Barrett-Fox. Algunas personas tendrán que seguir trabajando, desempeñando roles más exigidos – como los y las trabajadoras de la salud, limpieza, seguridad, transporte, entre otros; otras pueden perder sus empleos o fuentes de ingresos durante la crisis. Muchas tendrán que asumir el cuidado integral de sus niños y niñas, de personas mayores o de grupos de riesgo, a menudo mientras mantienen labores productivas a distancia.

La situación es particularmente crítica para las mujeres que, además de estar presionadas a asumir el rol de cuidado, muchas veces desempeñan trabajos precarios para sostener económicamente sus hogares. Ellas estarán aún más sujetas a altos niveles de estrés y violencia durante el periodo de crisis.

No generemos nuevas brechas

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de acceso a una infinidad de fuentes de información y conocimiento que son fundamentales en un contexto de pandemia como el actual. Sin embargo, es necesario comprender las especificidades del contexto regional al diseñar estrategias educativas en este periodo particularmente crítico.

Si bien es fundamental pensar medidas que busquen ofrecer oportunidades de aprendizaje a jóvenes y niños en cuarentena, autorizar la implementación de la educación a distancia para reemplazar las clases presenciales es ignorar el contexto regional y autorizar una total precarización de la enseñanza.

En lugar de garantizar el derecho a la educación, este tipo de acción – iniciado en algunos países de la región con foco en las instituciones de enseñanza superior – implica agravar aún más las condiciones de aquellas personas que sufrirán de forma aguda los impactos sociales del coronavirus, profundizando las brechas existentes.