“Acabamos de ver cómo el carro lanza agua… de gases, quiero decir, ha casi atropellado, parece, a un manifestante y han colisionado ambos carros lanza gases”.

            La narración que acompaña a las imágenes es confusa. Obligada a reaccionar en vivo, la periodista de Mega duda, se equivoca, sabotea su propio relato, del que pareciera colgar un gran símbolo de interrogación. Como si ella misma –contractualmente comprometida a explicarle a los telespectadores– no estuviera segura. Como si no diera crédito a lo que acaba de ver.  La narración es confusa, pero las imágenes son claras: Óscar Pérez de 20 años fue atropellado por un carro lanzagases el pasado viernes frente a la Plaza Baquedano, hoy rebautizada como Plaza de la Dignidad, punto cero del gran alzamiento social iniciado el pasado 18 de octubre en Chile y que se extiende ya por casi 70 días.

             Óscar Pérez se encuentra hoy con fracturas en ambas caderas, aunque fuera de riesgo vital, tras ser “comprimido contra la estructura lateral del costado izquierdo del otro vehículo blindado”, como tan coloridamente expresó el general de carabineros, Enrique Monrás. Las imágenes –transmitidas en vivo por televisión abierta– se volvieron tristemente virales la noche del viernes, lo que fue determinante en la agilidad con la que actuó el sistema legal: Mauricio Carrillo, conductor del carro lanzagases fue formalizado el sábado.

            El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por el delito de homicidio frustrado, pidiendo la prisión preventiva del conductor Mauricio Carrillo mientras se investiga su responsabilidad en el hecho. Pero a pesar de la brutalidad de las imágenes y la duda razonable respecto a la intencionalidad del atropello,  Carrillo –quien fue condenado en 2008 por atropellar a tres personas– solo fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves; es decir, se estimó que obró con culpa no con intención de dañar y quedó en libertad y con firma mensual durante los 150 días que dure la investigación.

            Mientras tanto, en una celda de la Cárcel de Alta Seguridad, el profesor Roberto Campos Weiss cumplía la detención preventiva ordenada por el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, por su participación en una jornada de protesta en la estación San Joaquín, el 17 de octubre. Al igual que en el caso de Carrillo, existe un video que lo inculparía, donde se le ve azotando un torniquete del metro. Pero a diferencia de Carrillo, que atropelló y fracturó a una persona, Campos Weiss fue considerado un peligro para la sociedad y fue ordenado a permanecer privado de libertad, por golpear un objeto inerte. De los 90 días originalmente estipulados, alcanzó a estar 53 días en prisión, hasta el pasado lunes cuando se ordenó su liberación. La investigación sigue en curso.

            Los casos de Mauricio Carrillo y Roberto Campos ilustran de forma muy precisa dos paradojas muy importantes para comprender el estallido social, su posterior desarrollo y el rol que ha cumplido el Gobierno de Chile en el manejo de la crisis. En primer lugar, pareciera quedar claro que para el Estado chileno la propiedad es mucho más importante que las personas: mientras entidades autónomas del Estado y organizaciones civiles narraban las distintas maneras en que la policía y los militares habían vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes en la sesión especial organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, a los enviados por el Gobierno les pareció oportuno hablar de saqueos, los daños a supermercados y a otros establecimientos comerciales.

            En segundo lugar, establece un doble estándar preocupante y peligroso respecto al uso de registros de las manifestaciones en el marco de procesos legales. Mientras que los videos de abusos y violencia por parte de carabineros abundan –incluyendo carabineros lanzando piedras a los manifestantes, disparando bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes, golpeando a menores de edad, usando menores de edad como escudos humanos y atropellando transeúntes– pareciera ser que estos no son relevantes para el Gobierno que, a pesar de la evidencia, ha insistido en su llamado a no generalizar respecto al actuar policial y respalda a la institución.

            Por otro lado, Roberto Campos parece estar pagando no por su conducta, si no por la osadía de todos quienes se han manifestado durante los últimos dos meses. El foco de la policía parece puesto en la único persona a la que pudieron identificar mediante un video, generando un contraste caricaturesco con su incapacidad de identificar a los responsables de los numerosos actos de vandalismo que se han suscitado en los últimos 70 días.

            Esto es peligroso, puesto que el ejecutivo –incapaz de retomar el control político de la situación– ha hecho todo tipo de esfuerzos por proyectar la idea de que tienen la capacidad técnica necesaria y que los resultados serán prontamente visibles. Esto incluye alardear sobre sofisticadas técnicas de Big Data y el ahora infame informe confeccionado con ellas, que ponía liderando el descontento a cantantes, humoristas y músicos coreanos; un reporte realizado sin ninguna transparencia sobre metodologías, procesos de recolección o rigor científico en lo cual se apoyaría, pero que pone de relieve el detallado escrutinio que se está poniendo en la información que circula en redes –que tan importante ha sido para levantar con fuerza la alerta sobre la precaria situación de los derechos humanos en este contexto de protesta– con el fin de determinar responsabilidades penales. Se justifica el Gobierno en su más reciente comunicado señalando que este tipo de investigación “constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia para el análisis de grandes volúmenes de información”, obviando que las investigaciones de inteligencia en Chile y el mundo están sujetas a normativa, control y transparencia que aquí se ha decidido ignorar.

            Así, el costo de mejorar la imagen de un Estado inefectivo es la vulneración de nociones básicas de justicia. Por una parte, la forma en que en el caso del profesor Campos se ha hecho uso de contenido audiovisual es dudosa mirados los estándares probatorios de nuestro sistema penal. La recolección de material desde redes sociales o de internet, independientemente del nivel de supuesto procesamiento tecnológico para el análisis de su contenido, debe estar sujeta a un alto nivel de escrutinio y a la posibilidad de su cuestionamiento por la defensa, máxime en razón del uso de la Ley de Seguridad del Estado como base de la persecución estatal. No solo para su eventual uso a modo de prueba, sino también como antecedente para justificar una medida cautelar tan restrictiva de derechos como la prisión preventiva. Información personal en redes sociales puede ser usada para confirmar la identidad de una persona, pero no su participación en un hecho, y da cuenta de una interpretación antojadiza del valor de lo que existe en internet.

            ¿Cuáles son los estándares en aplicación para definir el valor probatorio de imágenes de videos obtenidas en redes sociales? Esta fue una de las alertas que levantamos en nuestro reporte “Situación de derechos humanos y el uso de tecnología en el contexto de la protesta social en Chile”. Resulta asombroso que desde la audiencia de formalización, el profesor Campos haya sido calificado como “un peligro para la sociedad” para determinar la procedencia de la prisión preventiva, a partir de las imágenes de destrucción e inutilización de los controles de pago y acceso al Metro de Santiago. Mientras, en el caso de Carrillo, siendo los antecedentes más graves en función de la naturaleza del delito el bien jurídico afectado (la vida de una persona) y por la identidad de la persona infractora (un agente del Estado), similares antecedentes no dieron lugar a la misma calificación.

            El uso de las tecnologías por el Estado de Chile -y otros- no puede ser una excusa para saltarse los estándares de debido proceso, principio de inocencia y derecho a defensa consagrados en el sistema penal. Bajo esos principios conviene medir la prudencia de perseguir a una persona entre cientos, a través de inteligencia por fuentes abiertas, así como usar imágenes y contenido presente en las redes sociales como único elemento probatorio, sin contrastarlas con otro tipo de pruebas.

            El abusivo trato que el Estado ha brindado a Roberto Campos y el bochorno del informe Big Data del gobierno son evidencia clara de que existe una tarea pendiente de actualización de estándares normativos y transparencia en el uso de estas herramientas tecnológicas con la ciudadanía que prevengan nuevos y graves abusos siempre en nombre de la “paz social”, que como sabemos no es posible sin justicia y equidad.