En México, la violencia de género es una constante que este año se ha abordado con gran impacto a lo largo del país. Más allá de las importantes tomas del espacio público por parte de la sociedad civil organizada y las voces de miles de mujeres que han tomado las plataformas digitales como amplificadores de sus mensajes de denuncia, la energía en torno a una transformación que permita caminar hacia una realidad más justa en el país también ha catalizado alianzas que actualmente han logrado incidencia en espacios que anteriormente habían estado cerrados a posibilidades de colaboración para desarrollar o intervenir en las políticas públicas sobre violencia de género.

En el 2018, tras más de 10 años de trabajo sobre la versión publicada en 2007, se hicieron importantes reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  (LAMVLV). Actualmente, se contemplan distintos tipos -y modalidades derivadas- de violencia y las medidas para atender a las víctimas de estas violencias: desde órdenes de protección hasta los servicios de albergue, sustento, salud y desarrollo (gratuitos, seguros e incluso confidenciales). En esta ley también se establecen algunas sanciones que corresponden a los tipos de violencia establecidos y aunque no se contempla de forma explícita alguna modalidad que haga énfasis en el uso de la tecnología, se abordan los diferentes tipos de violencia que se manifiestan a través de las plataformas digitales; las mismas manifestaciones de violencia que ya están tipificadas y para las cuales existen sanciones claras, por ejemplo: acoso, abuso, extorsión, difamación… E incluso se aborda la importancia de reconocer como violencia: “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.”

Sin embargo, el descontento y el hartazgo persisten. Fuera de los slogans y la imposición del color rosa como estandarte de una “transformación incluyente” en la identidad gráfica de la Ciudad México, no ha habido una transformación que respondiera a las demandas de quienes viven diariamente con miedo a formar parte del promedio de 11 feminicidios que se llevan a cabo cada día en el país… Tampoco ha existido respuesta a las declaraciones de las mujeres que –de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)- han reportado un alza en las manifestaciones de violencia que viven, incluyendo al promedio de 9 millones de mujeres que han reportado ser víctimas de ciberacoso.

Victorias y retos

Este año, una iniciativa de reformas para tipificar los “delitos contra la intimidad sexual” y reconocer la violencia digital en la LAMVLV llegó a la Ciudad de México tras el éxito que anteriormente obtuvo en 19 de los 30 estados del país. Esta iniciativa es conocida como Ley Olimpia, a pesar de que no propone una ley en sí es importante reconocer el esfuerzo realizado por las mujeres que conforman la agrupación Defensoras Digitales (originalmente Frente Nacional para la Sororidad), así como sus aliadas en cada uno de los estados donde el proyecto impulsado inicialmente por Olimpia Coral logró consolidarse como una propuesta de articulación para que las mujeres víctimas de violencia a través de las tecnologías tuvieran un acercamiento a la construcción de la justicia que muchas veces suele omitirse ante la falta de funcionarios capacitados y sensibilizados para atender las denuncias de las manifestaciones de violencia que existen en las plataformas digitales y se traducen a impactos y consecuencias graves en las personas que las sufren, afectando todos los ámbitos de sus vidas y su desarrollo.

Si bien esta iniciativa refleja el descontento y la toma de acción por parte de las mujeres que buscan vías efectivas para encontrar justicia, es importante tomar en cuenta que esta también es la historia de mujeres que se han organizado en todo el país para hacerse cargo de las deficiencias que persisten por parte del las diferentes instancias para atender las falencias de un poyecto que lleva más de diez años en elaboración, sobre un tema que no solamente cuesta tiempo a quienes presentan denuncias que nunca se resuelven: es un tema que cada día cuesta vidas de mujeres que no son respaldadas en un sistema fundamentalmente machista y misógino.

Aunque la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a promover medidas para enfrentar las alertas de género de su dependencia, han sido pocos los espacios donde se pueden conocer, abordar de forma abierta y multidisciplinar en qué consisten las medidas que marcarán el rumbo de la consolidación del compromiso que adquirió. Más allá de posicionarse a favor del proyecto conocido como Ley Olimpia, no han existido verdaderos espacios de trabajo que incluyan a los grupos independientes de mujeres que llevan trabajando diversos ejes entorno a la violencia de género en la Ciudad de México y esto no es lo único alarmante, ya que al apostar por iniciativas que parten exclusivamente de una perspectiva punitivista también se deja de lado el análisis a fondo de las facultades que se le otorgan al Estado para fiscalizar cuestiones que podrían poner en juego tanto la libertad de expresión como el mismo desarrollo libre que se busca proteger al evitar la violencia de género en cualquier ámbito.

Además, como señala Agneris Sampieri desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dentro de las modificaciones realizadas a la LAMVLV se “otorgan facultades a autoridades administrativas, como el Ministerio Público, para ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos en Internet”. Esto, además de ser una medida anticonstitucional, por ir en contra de los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana (así como el 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), supone sanciones desproporcionadas que además podrían desencadenar vías para legitimar la vigilancia de los espacios digitales.

Desde la organización Artículo 19, se ha advertido la importancia de analizar de forma más aguda las implicaciones de “limitar el debate a asuntos meramente contenciosos no abordará las raíces sociales que son base de los prejuicios que socavan la igualdad”; ya que esto ha demostrado construir brechas sociales donde el acceso a la justicia queda limitado a quienes ya cuentan con una serie de privilegios que podrían garantizar el respeto a sus derechos, mientras quienes viven en condiciones ya de por sí desiguales reciben medidas limitantes y fiscalizantes que actúan en detrimento de las necesidades básicas para ejercer y proteger sus derechos.

Por otro lado, desde Luchadoras y la coalición Internet Es Nuestra, hemos señalado la importancia de abrir espacios de diálogo que permitan poner estos temas a discusión para evitar que la contingencia por aprobar medidas contra la violencia de género nos prive de la elaboración de políticas públicas y medidas más sustantivas que permitan transitar a la construcción de procesos más justos para dar respuesta y atención a las víctimas de violencia, mientras construimos estructuras que incorporen la perspectiva de género y el respeto a los derechos fundamentales como ejes inalienables para el trabajo social así como las facultades que ejercen quienes representan al Estado.

La conversación que sigue pendiente

De 2017 a la fecha, en México y toda América Latina nos ha quedado claro que cuando el Estado no responde la sociedad se organiza. Este año, las mujeres han tomado las calles y los espacios digitales para dar un testimonio vivo de esto en diversas latitudes y es una celebración -un tanto amarga- que la lucha contra las violencias que vivimos diariamente sea cada vez más visible, cada vez más difícil de ignorar por quienes creían que podrían seguir impunes.

Sin embargo, ese hartazgo también viene de la simulación constante en torno a las medidas paliativas que se ofrecen para atender un problema que sigue desarrollándose sin mayor amenaza dentro de las mismas estructuras que supuestamente asumen compromisos para erradicar la violencia de género. El promover medidas sin un análisis detenido e incisivo no solamente refleja una forma lamentable de actuar para ganar puntos en la opinión pública, sino también un fuerte desconocimiento sobre el tema que se pretende atender; que además se agrava cuando no se abren espacios de diálogo diversos que puedan permitir -con tiempo, discusión, análisis y una planeación estratégica- la creación de medidas que respondan a la realidad que llevamos enfrentando por décadas. 

Resulta de una obviedad inmensa decirlo, pero los movimientos sociales que han tomado los espacios nacionales este año han sido el resultado de las violencias enfrentadas, heredadas y normalizadas por las mujeres mexicanas durante años: no son resultado de las tendencias en las redes sociales y la popularidad de Claudia Sheinbaum no es medida para grantizar que sus compromisos -a diferencia de administraciones previas- se cumplan.

Cuando hablamos de hacer frente a la violencia, no existen medidas universales que puedan atender de forma efectiva las implicaciones y el daño que las manifestaciones de la violencia de género tienen en las vidas de las mujeres que son victimizadas, en sus entornos inmediatos ni en el desarrollo de la sociedad que también se perjudica por el rezago que existe para evitar que la violencia siga existiendo en nuestras estructuras (familiares, escolares, profesionales, afectivas, etc.). Sin embargo, hacernos cargo de esto no debería suponer poner en riesgo los espacios que se han ganado, tanto para la libertad de expresión como para el goce de nuestra identidad, nuestra sexualidad y nuestro derecho a vivir sin miedo.