El pasado 21 de noviembre en Colombia se celebró un paro nacional de dimensiones extraordinarias. Diferentes sectores de la población salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra las reformas laboral y pensional, así como para exigir que se cumpla el Acuerdo de Paz, se adelanten medidas anticorrupción y se detenga el asesinato masivo de líderes sociales, entre otras demandas. Sin precedentes en la historia reciente del país, este paro se ha extendido por ocho días consecutivos, y se ha caracterizado por no tener una sola vocería ni un actuar coordinado de manera centralizada. Las manifestaciones van desde cacerolazos y asambleas vecinales hasta expresiones artísticas masivas, y a medida que pasan los días, más sectores se han sumado a la movilización.

En días previos al 21N fue noticia la militarización de la capital, así como otras “medidas preventivas” por parte de las Fuerzas Armadas en todo el país, con ocasión del paro. También se conoció de los operativos de allanamiento a artistas, medios de comunicación independientes e integrantes de movimientos sociales, muchos de los cuales fueron luego declarados ilegales al no encontrarse elementos que relacionaran a las personas afectadas con actos vandálicos o criminales.

Además de los allanamientos, que buscaban “identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad”, el día anterior al paro varios medios de comunicación reportaron que durante la jornada de protesta la Policía de Bogotá estrenaría un sistema de reconocimiento facial instalado en el helicóptero Halcón, que desde principios de 2017 sobrevuela la ciudad adecuado con cámaras de alta resolución para apoyar desde el aire en la persecución del crimen.

De acuerdo con los reportajes, esta nueva tecnología -que también sería utilizada en la ciudad de Medellín, con la única diferencia de que allí se instalaría en cámaras estáticas y no en una aeronave-, tendría la capacidad de identificar, en tiempo real, las facciones alrededor de ojos y nariz de las personas que tuvieran su rostro cubierto durante las manifestaciones, para articular dicha información con las bases de datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)y la Registraduría Nacional.

Todas estas acciones “preventivas” han sido fuertemente criticadas por generar un ambiente de tensión previo a la jornada de movilización nacional. En ese marco, vale la pena mencionar lo problemático que resulta el uso masivo de tecnologías biométricas, y específicamente de reconocimiento facial, para la vigilancia masiva y la persecución de delitos en un contexto de movilización social. Las tecnologías biométricas consisten en la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos derivados del cuerpo y sus movimientos. Un uso desproporcionado de este tipo de tecnologías atenta directamente contra los derechos a la privacidad, la integridad y la autonomía de las personas, y además puede tener consecuencias negativas como la discriminación de ciertos grupos sociales, debido a los sesgos de diseño e implementación, o la restricción de las libertades -de expresión, locomoción, asociación- de las personas en general, mediante un efecto silencioso de autocensura.

En el caso de la persecución de delitos, se trata de un atentado contra el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia, pues se alimentan bases de datos donde todas las personas vigiladas son consideradas sospechosas; en el caso de su uso en el marco de protestas con el fin de identificar a quienes tienen cubiertos sus rostros, como ocurrió el pasado 21N y posiblemente en los días siguientes, se trata además de un atentado contra el derecho al anonimato, directamente relacionado con la libertad de expresión y asociación. Sobre este punto, es importante señalar que en su guía práctica de bolsillo para salir a protestar Dejusticia advierte que si bien llevar el cuerpo cubierto o descubierto a una manifestación es una conducta protegida constitucionalmente, “muchos jueces o agentes policiales podrían tener opiniones distintas”.

Es preocupante, además, teniendo en cuenta que en el Congreso de la República se radicó recientemente un proyecto de ley que tipifica como conducta penal el vandalismo “que, valiéndose de una protesta, manifestación o movilización pública, dañe, atente o destruya los bienes públicos o privados [o] atente contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública”, agravando la pena si la persona está ocultando total o parcialmente su rostro. Preocupante porque, aunque el Proyecto se justifique en la garantía del derecho a la protesta pacífica, en esta y otras jornadas de movilización se ha evidenciado cómo los abusos por parte de la fuerza pública superan con creces las expresiones de violencia por parte de la ciudadanía.

Por otra parte, como ha documentado en el pasado la Fundación Karisma, las millonarias inversiones en tecnología para la seguridad en Bogotá han carecido de estudios previos que garanticen la viabilidad de su implementación (por ejemplo porque no hay acceso a las bases de datos necesarias para que la tecnología de reconocimiento facial funcione efectivamente), así como de transparencia respecto a su adquisición e implementación. En cambio, han gozado de amplia promoción en medios de comunicación, con narrativas que lejos de proponer una perspectiva crítica sobre las implicaciones sociales o legales de su uso, alimentan discursos tecnosolucionistas.

Recientemente en América Latina se han comenzado a implementar sistemas de reconocimiento facial para distintos fines, sin un análisis profundo, ni político ni técnico, sobre los riesgos asociados a su uso. En los contextos de protesta que en los últimos meses se han vivido en distintos países de la región, donde se ha evidenciado una enorme participación ciudadana al tiempo que un uso desmedido de la fuerza y múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos, es necesario alertar sobre el uso tecnologías de reconocimiento facial para vigilar la protesta social, y rechazarlo enfáticamente, así como las iniciativas de criminalizar y perseguir el uso de capuchas durante las manifestaciones, como se está intentando al menos en Chile y Hong-Kong. La protesta es un derecho, el anonimato también.