El 29 de octubre, la aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, tomó acciones legales contra NSO Group, la empresa de tecnología de vigilancia que desarrolló el malware espía “Pegasus” aquirido por el Gobierno mexicano, cuyo uso ha sido estudiado y denunciado desde 2016 por ONGs nacionales como R3D, SocialTIC y Artículo 19,  en el caso conocido como #GobienoEspía.

En mayo de este año, el equipo de seguridad de WhatsApp detectó una falla en la aplicación, que permitía inyectar spyware comercial en celulares mediante una simple llamada. Junto con desarrollar una solución al problema, se realizó una investigación que concluyó que la vulnerabilidad había había sido explotada por NSO Group, que también utiliza el nombre Q Cyber Technologies.

La preocupante novedad que plantea esta forma de ataque es que, al ejecutarse mediante un llamado, no requiere que la víctima habilite la instalación del software malicioso pinchando algún hipervínculo, lo que dificulta la obtención de evidencia y la toma de medidas precautorias para evitar, documentar y denunciar intentos de infección.

Más de 1400 casos fueron identificados y al menos 100 contra defensores de derechos humanos. En México, un número importante de infecciones ocurrieron durante abril y mayo de 2019, coincidiendo con las revelación del caso de Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez y víctima del espionaje a manos de agentes estatales, pues según NSO Group, solo venden sus productos a gobiernos.

Vigilancia como violencia

Actualmente, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, lo que naturalmente pone en riesgo la salud de la libertad de expresión y, con ello, de la democracia misma del país: incapaz para garantizar la seguridad de sus periodistas y, consecuentemente,  incapaz de garantizar el bienestar y la autonomía de sus habitantes.La violencia contra las y los periodistas, que entre otras formas se expresa mediante el abuso de la tecnología de vigilancia por parte del gobierno mexicano, escala gracias al clima de impunidad que hace oídos sordos frente a las denuncias realizadas por comunicadoras, activistas y personas defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales han perdido la vida o han tenido que migrar para preservarla.

Llama la atención de que, a pesar de los logros recientes de las ONGs que han presentado denuncias a NSO Group en cortes internacionales, la respuesta por parte del Gobierno no es más que una serie de promesas, vacías que denotan un claro desconocimiento entre quienes lideran el país sobre los abuso de las tecnologías en México.

Por otro lado, lejos de perseguir los abusos tecnológicamente posibilitados, la milicia nacional parece premiar a sus responsables con ascensos laborales. La misma milicia que hoy participa de la implementación de la Guardia Nacional, una estrategia para militarizar las calles del país como respuesta a la presencia del narcotráfico y que en su más reciente muestra de poder mostró ser completamente ineficiente.

Esto pareciera indicar que, mientras el presidente declara que su administración no participa en el uso ilegítimo de las tecnologías y anuncia “compromisos”, hay personas con poder actuando desde diferentes instancias estatales para tomar ventaja de los puntos ciegos de una administración fuertemente criticada por su falta de un liderazgo estratégico, incapaz de conocer y controlar el alcance de las acciones que sus subordinados realizan con el poder que se les otorgado para “preservar la seguridad en el país”. Tal vez el problema acá sea que nadie les ha aclarado que no se trata de su seguridad propia, sino de la seguridad de la mayoría: quienes necesitan del periodismo libre para producir decisiones informadas y tener los elementos necesarios para cuestionar al Estado y sus representantes cuando no cumplan sus obligaciones fundamentales.

Lo que queda pendiente

Desde 2016 la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para frenar el abuso de la tecnología se ha articulado en redes para presentar casos e informes conjuntos, con el fin de denunciar los abusos que diferentes gobiernos hacen de las tecnologías para vigilar a quienes expresan posturas críticas a sus administraciones. Los esfuerzos articulados de personas con experiencia legal, en comunicaciones, en activismo, en defensa de derechos humanos y con trayectorias multidisciplinarias en América Latina y México han sido potentes y constantes.

Hace falta que gobiernos, como el mexicano, asuman la participación en espacios de diálogo que permitan articular las experiencias y trayectorias de estos grupos a las propuestas administrativas y de desarrollo en las que quieran involucrar despliegues masivos de tecnologías, que se plasmen en acciones claras y concretas. Las declaraciones y compromisos realizados por el presidente se vuelven palabras vacías si no existen políticas públicas que las respalden. Es la única forma de defender la democracia participativa en el país, pero también asegurar que los derechos humanos sean preservados y contemplados dentro de las estrategias de seguridad nacional.