En México un reciente estudio de hábitos de usuarios de internet muestra que las personas con acceso a internet pasan alrededor del 31% de su tiempo conectadas a alguna red social y se han documentado incrementos significativos -en relación al 2018- respecto a las actividades económicas (como transacciones o consultas bancarias), el uso de plataformas de comunicación digital, el uso de dispositivos móviles y la participación de personas de 6 años en adelante.

De acuerdo a este estudio alrededor del 59% de las personas que usan internet en México actualmente llevan más de 8 años siendo internautas, sin embargo aún existen brechas importantes en cuanto al tipo de acceso y la cobertura que los proveedores de servicio de internet tienen la capacidad de brindar a la diversa población del país donde la cifra de personas activas en internet actualmente equivale al 70% de sus habitantes.

Mencionar estas cifras resulta relevante en un país cuyas políticas en materia de seguridad y desarrollo nacional están cada vez más perfiladas hacia promover el acceso a internet y banda ancha “como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social”, como estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declara que buscará que el 95% de la población de México tenga acceso a internet al finalizar el sexenio.

A pesar de esta propuesta, en el país aún existen conversaciones pendientes en torno a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que, como señaló Candy Rodríguez, en un contexto donde el mismo Estado ha incurrido en el uso de tecnologías de vigilancia para perseguir a actores clave en fomentar la participación ciudadana, exigir rendición de cuentas e informar a la ciudadanía: es fundamental contar con un documento que permita entender cuál será enfoque en materia de seguridad digital al que se ceñirá esta administración.

En una nota para Proceso, Neldy San Martín apuntó que “el plan estipula que la cobertura de internet se garantizará mediante la instalación de internet inalámbrico en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios, sin dar detalles de plazos ni la forma en la que se pretende hacer esto.” Lo cual nos remite a pensar que si bien existen posibilidades para ampliar el acceso a la red, no es claro el camino que seguirán… Como tampoco lo son las políticas en cuanto a la seguridad de dicho acceso o las protecciones a la privacidad de las personas que accedan a internet mediante estas redes públicas.

Con la puesta en marcha de la Guardia Nacional militarizada, una medida señalada por las controversias que presenta ante la falta de regulaciones firmes que eviten que se institucionalicen -y de este modo legitimen- medidas que vulneran los derechos fundamentales de las personas en México, como apuntó el representante de la ONU-DH, nos queda preguntar cuál será el rumbo que tomarán las políticas públicas en materia de seguridad digital en el marco de las promesas realizadas por la actual administración.

Si bien se ha ganado cierto terreno en materia de rendición de cuentas y transparencia desde la labor monumental realizada por integrantes de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, aún no se han resuelto los procesos para castigar a los actores responsables del abuso de la fuerza y los recursos de inteligencia del Estado que, ante recientes revelaciones, continúan promoviendo el clima de violencia contra las posturas disidentes y la libertad de expresión en el país a través del abuso de las tecnologías de espionaje.

¿Estamos viviendo la calma antes de la tormenta o nos encontramos en el ojo del huracán? En un país donde la violencia parece escalar día con día y el gobierno muestra desinterés por acabar con la impunidad donde se enmarca, es importante mantener una postura firme en torno a la defensa de los derechos humanos en cualquier terreno donde sean menoscabados: es momento de romper el silencio respecto a las medidas para proteger a la ciudadanía y agilizar la rendición de cuentas pendientes.