El patrimonio constituye un elemento central para la comprensión nuestra identidad. No sólo implica preguntarnos cómo resguardar y hacer accesibles los contenidos que configuran la cultura, también habilita para el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Actualmente, dada la masificación de las tecnologías digitales, debemos igualmente abordar la cuestión respecto a la digitalización de los acervos, teniendo en cuenta cómo conservar, indexar y hacer accesible el patrimonio al grueso de la población.

Hacia fines de 2018, Derechos Digitales realizó una investigación que busca describir el modo en que la pregunta por el patrimonio documental ha sido resuelta desde un punto de vista institucional, indagando la forma en que Argentina, Chile y Colombia han abordado estas materias (la investigación íntegra puede ser revisada aquí). Tal investigación fue presentada recientemente en el Encuentro Mundial de Creative Commons, donde los resultados obtenidos fueron discutidos a la luz de la experiencia de activistas, investigadoras e investigadores de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Resulta importante destacar las semejanzas que se pueden observar en los distintos países de la región. Como es de esperar, existen considerables restricciones en los países analizados, a consecuencia de la falta de recursos económicos y tecnológicos. En vistas de desarrollar estrategias de conservación e indexación perdurables, así como para permitir el acceso a los acervos por parte de la población, se deben destinar cuantiosos recursos que habitualmente son insuficientes. Especialmente en un contexto como el regional, donde la institucionalidad cultural se encuentra, las más de las veces, en situación de precariedad. Baste aquí señalar a modo ejemplar lo recientemente acontecido en Brasil, donde el Ministerio de Cultura fue desarticulado y resituado institucionalmente como una Secretaría del Ministerio de Ciudadanía.

De todas formas, sería equivocado sostener que la solución al problema de la gestión de acervos digitales patrimoniales pueda ser resuelta únicamente mediante tecnologías o dinero. Sobre todo, si se considera una de las cuestiones críticas: la perdurabilidad del registro y su acceso. No solo se requieren recursos financieros para mejores desarrollos tecnológicos, tales avances deben ser estratégicamente planificados en vistas de afrontar la obsolescencia de tecnologías y soportes de conservación.

Otro elemento central de la cuestión refiere a la orientación legal con la que cuentan los diversos agentes institucionales para hacer frente a la digitalización del patrimonio. Especialmente significativa resulta aquí la legislación sobre propiedad intelectual y depósito legal. Pensemos, por ejemplo, en el caso colombiano a la luz del Proceso de Paz. Ante la inexistencia de legislación específica respecto al depósito legal digital, parte sustantiva del material generado por movimientos relativos al proceso puede perderse para siempre: los movimientos no cuentan con capital para sostener sus contenidos en la web y la institucionalidad cultural no cuenta con las herramientas legales para conservar tales contenidos.

Así, el resguardo y digitalización de nuestro patrimonio, tanto a nivel nacional como regional, depende de atender tanto a consideraciones técnicas y materiales como legales e institucionales. Lo que requerimos, con relativa urgencia, es una orientación estratégica de largo aliento a nivel nacional, así como el desarrollo de redes de colaboración a nivel regional que sean capaces de abordar la cuestión por el resguardo de los acervos y la promoción de su acceso.

Lamentablemente, el resguardo del patrimonio -nuestra memoria, lo que consideramos valioso y digno de ser preservado- no parece ser capaz de movilizar a los tomadores de decisiones. Esto, incluso considerando las facilidades que las tecnologías permiten para acceder a contenidos y que, por cierto, son activamente utilizadas por la población. En Chile, por ejemplo,  proyectos como Memoria Chilena cumplen ya 15 años de exitosa trayectoria.

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