Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como Presidente de México se vivió un despliegue de reformas estructurales e implementaciones tecnológicas que dieron pie al  desarrollo de un sistema de vigilancia estatal distinto al que habíamos conocido. 

Si bien en México no son nuevos los ejercicios de brutalidad policiaca, los abusos de poder Estatal ni las alianzas corruptas entre las administraciones públicas y empresas privadas, esta vez las estrategias gubernamentales contra la soberanía ciudadana supieron combinar el amedrentamiento, técnicas de manipulación de la información y sofisticadas tecnologías para desarrollar una oleada de abusos que no solo devino en coronar al país como uno de los más peligrosos para ejercer periodismo, sino también como un lugar en el que la desinformación y el miedo han anestesteciado a las personas frente la violencia.

Sabemos hoy que este despliegue de tecnologías de vigilancia fue usado para espiar a la oposición política, lo cual es un acto claramente ilícito y que atenta directamente a la libertad de expresión, la seguridad de las personas afectadas y el ejercicio de la democracia, al amordazar a quienes investigan, comunican, disienten con el gobierno y defienden a la ciudadanía: miembros de la oposición política, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

A finales del año 2012  y durante 2013, el Gobierno mexicano marcó una pauta firme al buscar imponer la censura a los medios de comunicación y periodistas independientes que hacían eco a las protestas de la sociedad civil, comenzando una época marcada por las manifestaciones contra los abusos del gobierno. Entre detenciones arbitrarias, censura a sitios web en colaboración con el gobierno estadounidense, actividades opacas por parte de la policía de investigación y la conformación de la llamada “Estrategia Digital Nacional”; en  2014 se incorporaron las medidas de vigilancia masiva en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sentando así un precedente que permitía al Poder Judicial tener una suerte de cheque en blanco que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) usaron para omitir consideraciones fundamentales sobre el derecho a la privacidad en México.

Coherentemente con esta política, en los últimos años fue posible establecer que los periodistas que fueron víctimas de los ataques de software de vigilancia por parte del Estado eran aquellos investigando temas relacionados a la seguridad nacional, tráfico de drogas, corrupción e incluso salud alimenticia.

Sin importar el número de recomendaciones por parte de la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas en materia de libertad de expresión y algunas instituciones internacionales que se sumaron al malestar de las organizaciones locales y la sociedad civil mexicana, el gobierno continuó haciendo tratos comerciales con actores como Hacking Team y NSO Group por cifras exhuberantes, que incluso rebasaron las inversiones realizadas por países que suelen representarse como estandartes de la represión en el imaginario colectivo. Una vez que se consiguieron los datos suficientes, a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas estipulados por la ley mexicana, fue la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) quien sacó a la luz la información para exigir la revisión del uso de mecanismos de vigilancia por parte de las instancias gubernamentales involucradas con Hacking Team y NSO Group en 2016.

En 2017  R3D  -con el apoyo de Citizen Lab, la oficina de México y Centroamérica de ARTICLE 19 y SocialTIC- documentó 22 casos de personas que fueron objetivo de las infecciones con el spyware Pegasus, fortaleciendo la investigación que permitiría llevar la evidencia a los tribunales nacionales en el caso denominado #GobiernoEspía.

Este caso no solo tuvo repercusiones en México, ya que la abundante evidencia del uso de software Pegasus (desarrollado por NSO Group) aunada a las negativas por parte del gobierno local y la empresa para colaborar en las investigaciones terminó en una demanda ante los tribunales de Israel y Chipre por complicidad y negligencia en las violaciones a los derechos humanos en agosto del 2018.

Por si fuera poco, a pesar de las evidentes faltas de transparencia y compromiso hacia la seguridad de la ciudadanía por parte del gobierno mexicano, se suman dos nuevas víctimas a las que se intentó vulnerar con las mismas estrategias de infección con spyware que a los otros 22 casos registrados entre 2014 a 2016.

Los casos fueronn dados a conocer en una conferencia de prensa, donde se le confirió a la administración que tomará el poder este primero de diciembre el cumplimiento de acciones concretas contra el espionaje digital. No se puede pasar por alto que los objetivos de estas infecciones fueron periodistas que trabajaron con Javier Valdez, quien fue asesinado en mayo del 2017 y cuyo trabajo de investigación sobre el crimen organizado en México ha sido galardonado internacionalmente; siendo estos también periodistas que ocupan puestos importantes en el semanario Ríodoce reconocido por la cobertura en temas narcotráfico y la guerra entre carteles de Sinaloa.

Ante esto es imposible no mirar con sospecha las subsecuentes propuestas que promueven mayor control sobre la ciudadanía y su libertad de expresión, no solo en el ámbito digital. Frente a estrategias corruptas y abusos de autoridad que persisten en México: la seguridad es privilegio de quienes tienen el poder para proteger sus intereses a costa de los derechos de la mayoría… Y la seguridad de quienes trabajan por defenderlos.

Más allá del malware…

Las manifestaciones digitales de la represión y la violencia por parte del estado -cualquier estado y en cualquier región- son parte de la violencia sistémica que nace de las relaciones de poder que se desarrollan entre los gobiernos (dentro de ellos y con otros) y actores como empresas y el crimen organizado: desde la ilegalidad.

Para que la democracia exista y sea efectiva, el periodismo y las voces que se contraponen a los discursos establecidos desde los medios hegemónicos -muchas veces coludidos con los gobiernos- son fundamentales. La presencia de este tipo de prácticas represivas es un reflejo de la crisis gubernamental, democrática y de derechos humanos que se vive en México; misma que resuena ante prácticas similares que se han propagado en la región latinoamericana y el mundo.

Nunca es tarde para frenar estos abusos y, con la administración entrante que tomará el poder este 1º de diciembre, existe la esperanza de entablar un diálogo que permita construir  mecanismos de seguridad que velen por los derechos humanos y cumplan la función de asegurar el bienestar de la ciudadanía.

Es necesario señalar las responsabilidades  e incluso castigar a quienes promovieron el abuso de estas tecnologías, del mismo modo que se precisan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan tener el control sobre el poder de las agencias de investigación, así como vías de comunicación entre diferentes actores para desarrollar soluciones que nos lleven construir un futuro más justo donde ningún atropello a los derechos humanos sea pasado por alto.