El proyecto de vigilancia, creado en 2012 por el gobierno guatemalteco, se inicia por la adquisición por vía de excepción por parte de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICL) de un software por valor de 1.4 millones de quetzales (alrededor de 186.000 dólares) cuya finalidad es permitir la intercepción de mensajes y correos electrónicos. A finales del mismo año, se suma la compra de dos maletines con fines de intercepción de llamadas telefónicas, por un valor equivalente a 2.5 millones de dólares. De acuerdo con Nuestro Diario, entre los softwares adquiridos se encuentran “las versiones más avanzadas” de Pegasus, Pen-Link, Circles, Citer, Conceptus, Memex, Sitev, Laguna, Avatar y del software Galileo, de Hacking Team, empresa que ha sido objeto de escándalo anteriormente al venderle su software a una larga lista de gobiernos latinoamericanos.

La investigación revela que la Dirección General de Inteligencia Civil, cuyo mandato es la recolección de información para el combate del crimen organizado, utilizó la información recabada con fines políticos, en el contexto de las protestas por corrupción enfrentadas por el gobierno entre 2014 y 2015. Así, a medida que crecía el rechazo hacia los actos gubernamentales, se fue incrementando la vigilancia contra todo aquel que el gobierno considerara un enemigo político, incluyendo no solo la interceptación de las comunicaciones tanto digitales como analógicas, sino también la vigilancia física, todo esto llevado a cabo por grupos de trabajo conformados tanto por militares como por civiles. Estas técnicas fueron también usadas para vigilar a los manifestantes durante las protestas de 2015.

Tal como resume la Fundación Acceso en la siguiente infografía, entre 2012 y 2014 el gobierno habría ido ampliando progresivamente sus capacidades de vigilancia, adquiriendo actualizaciones de software y alquilando un edificio destinado exclusivamente al centro de espionaje.

De acuerdo con la investigación presentada por Nuestro Diario, el sistema de vigilancia permitiría a las autoridades interceptar las comunicaciones telefónicas y los servicios de mensajería, hacer una copia espejo de lo que se escribe en un dispositivo intervenido, infiltrarse en redes sociales mediante la creación de perfiles falsos, así como activar la cámara y el micrófono de teléfonos celulares y computadoras con la finalidad de grabar audio, video y fotografías. Como señalamos, este tipo de prácticas no son nuevas en la región: ya en 2016 se denunciaba la adquisición por parte de los gobiernos de México, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile del software proporcionado por Hacking Team, y se sabía que al menos otros seis países de la región (incluida Guatemala) habían sostenido negociaciones para la compra de este software.

Enrique Degenhart, Ministro de Gobernación guatemalteco, declaró negando la existencia de la red de espionaje, y afirmó que el sistema, que fuera adquirido por la administración anterior durante la presidencia de Otto Pérez Molina, estaría en poder de la Fiscalía y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). Según Degenhart, las herramientas fueron secuestradas por las autoridades por la vía judicial. Pérez Molina actualmente cumple prisión preventiva por cargos de corrupción. “No tenemos conocimiento sobre qué están haciendo con ellas”, señaló el ministro, añadiendo que el uso de estas tecnologías estaría a discreción de las instituciones que las secuestraron, en lo que parece ser un intento de desmarcarse de cualquier responsabilidad sobre el uso de estos sistemas para la vigilancia.

Este tipo de circunstancias, precisamente, apunta a uno de los problemas más graves respecto a las tendencias recientes en tecnologías para la vigilancia en Latinoamérica: la total carencia de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de licitación, adquisición, implementación y uso de estas tecnologías, que son adoptadas en procesos de secretismo bajo excusas de “seguridad nacional” e “inteligencia militar”, incurriendo así en afectaciones gravísimas a la privacidad de los ciudadanos sin que estos posean ningún mecanismo ni posibilidad alguna de ejercer los controles pertinentes sobre la manera en que son vigilados, y sin que puedan ser protegidos por las garantías judiciales mínimas que garanticen la proporcionalidad, la necesidad y la legalidad de las medidas tomadas.

Este tipo de tecnologías, que facilitan a los Estados la utilización de técnicas de hackeo con fines de vigilancia, socavan la privacidad de los ciudadanos de un modo especialmente grave, por cuanto recurren a la explotación de vulnerabilidades de seguridad en los sistemas informáticos, frecuentemente sin justificación legal y en maneras que no suelen ser compatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos. Así, Privacy International señala, en un informe de 2017 sobre la práctica del hackeo con fines de vigilancia en América Latina:

No queda claro si estas actividades pueden en alguna instancia realizarse en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Si los Gobiernos insisten, a pesar de lo anterior, en poner en práctica estas facultades, deben cumplir con una serie de salvaguardas necesarias mínimas (según lo establece la legislación internacional en materia de derechos humanos) que aborden las implicancias que tiene el hackeo en la seguridad.

En este sentido, el primer factor de urgencia, tanto en Guatemala como en el resto de Latinoamérica, es la articulación de una base legal clara con respecto a las actividades de inteligencia, vigilancia y hackeo llevadas a cabo por parte de los Gobiernos. La carencia de una base legal clara, específica y que haya sido creada a través de una discusión abierta, pública y de carácter parlamentario, con la inclusión de todos los sectores de la sociedad, es el primer factor que ocasiona que todas estas actividades estén siendo llevadas a cabo en violación de las normativas internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, si bien la Procuraduría de Guatemala anunció la apertura de un expediente para investigar los hechos mencionados, los gobiernos de la región han sido consistentes en ignorar las investigaciones o procesos judiciales que deberían haber sido llevados a cabo al descubrir las irregularidades cometidas en la implementación y uso de estas tecnologías, así como en lo que respecta a la revisión necesaria de las leyes vigentes.

Mientras seguimos siendo vigilados, la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de garantías y controles judiciales efectivos frente a las medidas invasivas a la privacidad se hacen cada vez más urgentes. De lo contrario, la vulneración constante a nuestra privacidad no será más que un factor adicional en el debilitamiento de nuestra libertad de expresión y participación y por ende, en el socavamiento de las ya frágiles democracias de nuestra región.