Sin lugar a dudas se trató de una instancia sumamente grata e interesante. Pero casi al final del evento, durante una revisión mundial de los procesos de reforma a las leyes de derecho de autor, comenzó a tomar forma en mi cabeza una idea que hace un tiempo viene y va, sin terminar de definirse por completo: ¿será posible que la lucha en América Latina por un régimen de derecho de autor más justo descanse excesivamente en el argumento legal? Yo sé, no es la mejor pregunta del mundo y necesita ser matizada varias veces antes de poder llegar al fondo de lo que – creo – estoy tratando de plantear. Por favor, paciencia.

En primer lugar, evidentemente el aspecto legal es ineludible en la discusión sobre el derecho de autor, porque aunque los principios y consecuencias políticas que instala exceden la ley, es en ella donde se plasman. Es, por lo tanto, fundamental seguir esa pista y participar de esos debates, más cuando varios países de la región (Colombia, Panamá, Uruguay) están enfrentando procesos de reforma a ley de derecho de autor, de modo que es un espacio que no hay que descuidar.

A eso se suman los tratados de libre comercio que distintos países de la región están negociando y que involucran también una discusión sobre el régimen de derecho de autor; es el caso del tratado entre Mercosur y la Unión Europea.

Habrá que mantenerse atentos también a lo que pueda pasar con el TPP (¿CPTPP?) ahora que Donald Trump ha manifestado intensiones de volver a las negociaciones. Recordemos que todas las disposiciones sobre derecho de autor fueron congeladas, esperando al día que Estados Unidos decidiera volver a discutir. La espera podría ser muchísimo más corta de lo que imaginamos.

La lucha en esas instancias es importantísima y bajo ninguna circunstancia estoy planteando lo contrario, Más bien, lo que creo que quiero decir es que la relación que los países latinoamericanos mantienen con el ámbito de lo legal, tanto desde las prácticas individuales como desde las institucionales, no se condice de forma literal con la de los países desarrollados, cuyos argumentos hemos seguido.

“El miedo a la ley” como argumento, la posibilidad de que la infracción particular al derecho de autor sea efectivamente castigada, muchas veces no funciona acá, simplemente porque muchas infracciones pequeñas quedan impunes, ya sea porque no hay ánimo de fiscalizar o porque no existen formas de hacerlo. Evidentemente, descansar en la inoperancia de la ley es una posición frágil y cortoplacista: bastaría con que ciertos actores decidan poner manos a la obra para que las injusticias del derecho de autor se hagan evidentes. Pero eso puede llevar a un martirio inesperado e indeseable.

Por otro lado, muchas veces la gente simplemente no entiende que está infringiendo la ley, porque esta es sumamente compleja, no está diseñada para ser entendida por humanos y muchas de sus disposiciones no dan cuenta de las prácticas hoy cotidianas (razón por la cual los proceso de reforma a la ley son tan relevantes).

Pero lo que esto supone es un espacio ambiguo, donde la práctica admite aquello que la ley no. Y en este terreno incierto, cualquier gesto por intentar solucionar esta falta de claridad puede tornarse incluso peligroso, llevando la atención a esas pequeñas trasgresiones a las que hoy se les hace la vista gorda.

Lo evidente acá es que la argumentación no puede venir simplemente del miedo al castigo. Es necesario dotar de sentido la discusión sobre el derecho de acceder a la cultura desde las prácticas que los diversos actores realizan. El enfoque debe ser positivo y propositivo no solo respecto a aquello que es legal o ilegal, sino respecto a lo que es justo y deseable.

Quiero ser enfático al respecto: no estoy alumbrando un momento de inspiración divina con el fin de recetar una fórmula, no estoy descubriendo que el agua moja; estoy seguro que una parte importante de la comunidad que es parte de estos debates sabe todo esto y lo aplica a su trabajo.

Esto es más bien un mea culpa.

Artistas, científicos, académicos, funcionarios públicos, trabajadores de archivos y museos, bibliotecarios. Mucha gente está teniendo estos debates y está trabajando en pos de la democratización del acceso a la cultura y al conocimiento desde sus propias trincheras. La pregunta es como articular esos esfuerzos y sumar otros.

Con algo de suerte, la obligación de replantear la estructura de los capítulos nacionales de Creative Commons, siguiendo el mandato de la organización, podrá ser una oportunidad precisamente para enfrentar estas preguntas, que creo que son las que más importan ahora.