Para Donald Trump el TLCAN era “el peor tratado de libre de comercio de la historia.” Ahora quiere “modernizarlo”, llevando adelante un impulso por la renegociación entre los tres países que componen el acuerdo. En México, los gobernantes usan la misma palabra, “modernizar”, sin pensarlo dos veces, como si la modernidad aún fuera una utopía. Como si las premisas tras esa “modernización” no hubieran causado más desigualdad, dependencia y crisis ecológicas y de derechos humanos. Después de 23 años, Canadá, Estados Unidos y México están renegociando el tratado comercial que regirá sus relaciones durante las próximas décadas.

Hay un patrón en las negociaciones comerciales: se hacen a oscuras, sin transparencia y privilegiando siempre los intereses de grandes empresas por encima de los derechos humanos. Con el TLCAN pasa lo mismo: no importa cuánto esfuerzo dedique México en tener elecciones democráticas y transparentes, en que los legisladores y funcionarios sean verdaderamente representativos, las decisiones que se tomen a puerta cerrada en estas negociaciones impactarán directamente nuestras vidas tanto dentro como fuera de línea. Pero la ciudadanía y la sociedad civil no participan activamente en ellas.

Por un breve momento creíamos que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) había muerto cuando Trump firmó la salida de Estados Unidos. Pero estos tratados son como zombis: se rehúsan a morir y permanecer muertos. El pasado 10 de noviembre, los 11 países que restaban en esta negociación, acordaron seguir adelante sin la potencia que en un principio los empujaba, “suspendiendo” (quizás hasta que EE. UU. vuelva al redil).

Ahora nos enfrentamos a dos instrumentos distintos que amenazan nuestras libertades en internet: el TLCAN y el CPTPP, negociados con exclusión de la ciudadanía. Peor aún, en México el 80 % de los mexicanos rechaza al gobierno el turno, de acuerdo con la última encuesta del Latinobarómetro, dejando así al ejecutivo sin un piso de representatividad en el esfuerzo negociador. Estamos hablando de un gobierno sin legitimidad, que sellará un pacto para regir cientos de millones de vidas, durante décadas. Y ese pacto afecta también la vida de los ciudadanos en el entorno digital.

Hay dos consensos importantes en la sociedad civil mexicana que se opone a las negociaciones del TLCAN. La Convergencia México Mejor Sin TLCs –formada por más de veinte organizaciones desde campesinos, activistas, trabajadores, ambientalistas y sectores técnicos– concuerda en que uno de los problemas más graves es el mecanismo de resolución de disputas vía tribunales de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement). Este ya estaba en el capítulo XI del TLCAN original de 1994 y a la fecha ha sido parangón de muchas injusticias.

En segundo lugar, la falta de transparencia es una constante antidemocrática: ¿cómo tener un debate ciudadano, rico y representativo de todos los intereses si no sabemos qué viene en los textos?

El capítulo de propiedad intelectual del TPP fue uno de los más discutidos gracias a que Wikileaks lo filtró. De lo contrario, hubiera permanecido en secreto hasta su firma. Una de las primeras cosas que proponía era aumentar el plazo de los derechos de autor para protegerse durante la vida de los creadores y hasta 70 años después de su muerte, además de reforzar los mecanismos de observancia. Esto fomenta la idea de que la cultura y el conocimiento son titularidad de algunas industrias, poniéndola a disposición únicamente de quienes pueden pagarla. Promueve un esquema en el que empresas y personas distintas de los autores siguen recibiendo regalías por algo que no crearon.

Es más, mediante el mecanismo del comercio internacional, limita la capacidad de los países de fijar sus propias reglas para compartir cultura y para descargar, leer, reproducir, copiar, pegar o remixear, cosas que muchas veces son sabiduría popular (¡y pública!). Un esquema promovido por las industrias de contenidos de los EE.UU., como principal explotador de derechos de autor en el mundo. No es difícil adivinar que la postura estadounidense en el TLCAN repetirá esta tendencia pues son los mismos intereses los que se sientan en la mesa de negociación.

El TPP también buscaba exportar una ley que en la práctica ha instaurado un sistema de censura privada: la Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Básicamente se trata de un mecanismo dirigido a compañías como Google, Facebook, Twitter y Youtube bajo la siguiente lógica: si conocen de contenidos que violen derechos de autor, y no lo bajan, entonces son también responsables por la infracción. En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar videos en que aparece cometiendo errores al hablar. Sin controles ni salvaguardas judiciales, miles de expresiones legítimas e importantes podrían ser eliminadas.

El capítulo sobre comercio electrónico no se quedaba muy atrás. En la era del capitalismo digital los datos son dinero, y las personas somos datos: todo lo que hacemos en internet, los sitios que visitamos, lo que consumimos y compramos. De forma inevitable, al hablar de datos hablamos de privacidad. La pauta en ambos tratados es promover el “libre flujo de datos” entre países, incluso cuando estos tratan de información sensible. Hay excepciones a este libre flujo pero siempre y cuando no sean “restricciones encubiertas al comercio”. Traducción: se puede interpretar que una política que protege derechos humanos impide el comercio de datos, y por lo tanto bloquearse vía los mecanismos de ISDS.

Hay muchos otros puntos preocupantes, pero en esencia hay que decir que la modernización tiene tintes colonialistas. Estos tratados protegen a Estados Unidos y a las empresas multinacionales por encima de los intereses democráticos de personas comunes. Que quede claro: el TPP no puede revivirse y la negociación del TLCAN debe hacerse bajo criterios distintos que representen a la ciudadanía. Los derechos humanos no pueden supeditarse al comercio internacional. Exijamos mejores condiciones.