Hace pocos días concluyó en Santiago de Chile el XV encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), grupo de trabajo que desde su creación en 2003 reúne a representantes de agencias gubernamentales iberoamericanas, con el objetivo de avanzar en la creación de marcos normativos para la protección de datos personales.

Durante la reunión se debatieron temas relacionados con el ejercicio efectivo de la privacidad, tales como el derecho a la desindexación, el uso de tecnologías de vigilancia, las implicancias de la internet de las cosas y el uso de big data. Además, la RIPD aprobó y presentó oficialmente los denominados “Estándares de Protección de Datos de los Estados Iberoamericanos”, directrices que servirán de referencia para futuras regulaciones o para la revisión de las ya vigentes en países Iberoamericanos.

Y es que en nuestra región, la protección efectiva de datos personales no es una realidad todavía. Muchos países carecen totalmente de un marco regulatorio general en la materia; varios han reconocido el habeas data en sus Constituciones; otros han regulado el acceso a la información pública o han otorgado algún grado mínimo de protección a través de normativas sectoriales como derecho del consumo, normativa financiera o de salud, entre otros. Países como Brasil y Panamá discuten por estos días las que serán sus primeras normativas generales de protección de datos personales; otros como Argentina y Chile inician importantes reformas a sus estándares desactualizados de protección.

Esa fragmentación total en los niveles de protección de datos personales nos presenta una tarea urgente de armonización para dotar a los habitantes de nuestra región con estándares de protección adecuados al ejercicio de sus derechos y al respeto de su dignidad. Por eso resulta tan valiosa una iniciativa como esta, en la que se promueve una discusión multisectorial (público, privado y social) sobre el nivel adecuado de protección de datos personales en un contexto democrático y global.

Su valor radica, además, en la posibilidad de invitar a la ciudadanía a tomar un rol activo en la defensa de su derecho a la privacidad, en un contexto donde la tecnología ha avanzado más rápido que los marcos jurídicos encargados de orientar su uso con respeto a los derechos fundamentales. Finalmente, permiten reclamar a los estados reconocer y acatar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos relativos a la protección de datos personales.

Ante este favorable panorama, sin embargo, vale la pena hacer un llamado de cautela a los países latinoamericanos, frente a nuestra particular realidad política, económica, social e histórica, la cual no debe resultar indiferente a la hora de diseñar y adoptar una regulación de protección de datos personales.

La influencia de la regulación europea en materia de diseño del marco normativo para la protección de datos personales en América Latina no es una novedad, ya que desde el inicio tal inclinación se ha dejado sentir, en parte motivado por la afinidad de tradiciones legales, en parte porque Europa se ha encontrado a lo largo del tiempo consistentemente a la vanguardia de la protección de los datos personales. Pero también motivado por necesidades de orden económico, específicamente para mantener la posibilidad de prestar servicios a empresas europeas.

La normativa europea pareciera un modelo a seguir para América Latina. Una importante consecuencia de lo anterior es el impacto que para nuestra región puede llegar a tener la más reciente actualización de la normativa europea que resulta en un nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entrará en vigencia en mayo de 2018. A este respecto debe considerarse que el RGPD fue fruto de una negociación política de más de 4 años en la Unión Europea, y que sus particularidades no escapan a las complejidades de una Unión de países de las más diversas tradiciones jurídicas, así como realidades políticas, económicas y sociales. Esto es clave a la hora de analizar las consecuencias que para América Latina tendría el hecho de buscar su armonización regulatoria en una réplica de la regulación europea.

No quiero poner en duda que mucho de la regulación europea puede servir de materia prima a la discusión en la región, pero en ningún caso sería saludable importar el modelo. La urgencia en la implementación o actualización de la normativa de protección de datos personales en América Latina debe ser compatible con la protección adecuada de la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestros países.

Lo que sí debe resultar inspirador del modelo europeo es la posibilidad la armonización normativa para la garantía del pleno ejercicio de los derechos y el florecimiento de la actividad económica en un contexto de reglas claras y protectoras de las personas que habitan una región. Esto cobra particular relevancia en una economía digital globalizada donde los servicios tecnológicos ofrecidos a través de Internet -y en el mundo físico- obedecen a estrategias globalizadas de compañías que operan sin límites nacionales en su oferta de productos y servicios.

Mientras América Latina carezca de estándares adecuados para la protección de datos personales estaremos renunciando tanto al pleno ejercicio de nuestros derechos, como a obtener una participación justa de los beneficios económicos que se derivan de la economía digital, condenándonos a la adhesión a modelos de consumo y ejercicio de derechos impuestos desde otras latitudes.