Durante el segundo semestre de 2016 el gobierno de Chile lanzó por primera vez el llamado a licitación para la instalación de fibra óptica en territorios australes: la licitación quedó desierta, pues no hubo interés de los privados en participar del proyecto. Según reportes de prensa, el desinterés de las empresas privadas se comprendería en razón del insuficiente monto del subsidio propuesto por el Estado (US$ 100 millones) y la existencia de regulaciones tarifarias por parte del gobierno.

El desarrollo de una infraestructura adecuada para el acceso de alta velocidad a internet tiene fuerte incidencia en el desarrollo económico y social, tal como ha señalado la OECD. Para el caso particular del extremo sur chileno atendemos a la necesidad de desarrollar una estrategia de conectividad digital que sea capaz de hacer frente a la demandante geografía del país. Para promover dicha conectividad la implementación de redes de fibra óptica submarina se torna esencial, siendo justamente este requerimiento el que no contó con oferentes en el llamado de 2016.

La importancia de la provisión de acceso de calidad a internet ha sido estudiada desde una perspectiva comparada por el colectivo brasileño Intervozes, quienes postulan que “en Argentina, Australia e India, se ha hecho explícito que la iniciativa privada no es capaz de universalizar el acceso a internet”. Lo anterior supone que la extensión de las redes hacia territorios despoblados excede el interés privado en razón de la baja rentabilidad eventual de las inversiones. De ahí, entonces, que sea requerida una mayor agencia estatal, especialmente en zonas de difícil acceso como lo es el sur de Chile.

El modelo de concesiones públicas desarrollado en Chile hacia fines de los años noventa ha sido ampliamente celebrado: permitiría el desarrollo de infraestructura muy costosa para el estado, dinamizaría la economía y estaría garantizado por el estatuto jurídico. En el caso particular de las inversiones en obras públicas, como carreteras, las concesiones darían pie a un fortalecimiento del aparato estatal, toda vez que las obras mismas pasarían a ser propiedad del Estado luego del fin del período en comodato.

Recientemente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena ha relanzado el llamado a licitación para el proyecto de Fibra Óptica Austral. El nuevo llamado a licitación fue realizado junto a un Seminario del proyecto (cuyo registro audiovisual está disponible aquí). Entre las novedades de la nueva licitación resulta relevante destacar dos aspectos: en primer lugar, que las tarifas máximas serán determinadas por los oferentes, esto es, que el estado no pondrá un límite máximo a las tarifas de acceso a la infraestructura construida; seguidamente, a diferencia del modelo de concesiones existente para otras obras públicas, donde la infraestructura pasa a manos del Estado, en esta licitación la infraestructura queda en manos de los proponentes privados.

Será interesante verificar la existencia de interés por parte de los privados ante este segundo llamado para conectar una de las zonas más australes del mundo. El nuevo modelo de concesiones propuesto no solo establece menor capacidad de control del estado –tanto en lo referente a precios como en la propiedad de la infraestructura-; también eleva fundadas dudas sobre el tipo de incentivos que se busca ofrecer a los privados para la provisión de bienes públicos.

Es necesario poner atención a este tipo de iniciativas pues se encuentran en el núcleo de lo que luego constituirá un acceso democrático y equitativo a internet. Por más que se promueva el desarrollo de una infraestructura abierta y no discriminatoria, es justo preguntarse hasta dónde las licitaciones están resultando efectivas para la provisión de bienes públicos.

Por ahora, la promesa de acceso a internet resulta aún lejana para los habitantes de Villa O’Higgins, una de las localidades más aisladas de Chile, que no está considerada en el proyecto original de conectividad a través de fibra óptica y cuya cobertura, tanto en la primera como en la segunda licitación, es considerada como “puntaje adicional” para los oferentes en la licitación.