Luego de ser aplazada, mañana martes 20 de junio se vota en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea un registro de evasores del transporte público con multas impagas, creando una suerte de “Dicom de Transantiago”, que busca facilitar la discriminación en situaciones como la búsqueda de empleo, a modo de sanción social.

Varias son las razones por las que aprobar una medida de este tipo es errado y peligroso:

1. Un registro público de evasores expone a sanciones sociales a los más pobres, sin la adecuada noción de proporcionalidad respecto de la falta.
2. El carácter público del registro hará que la información que contiene sea considerada por la actual Ley de Datos como una “fuente accesible al público”, permitiendo que esa información sea usada con cualquier fin; por ejemplo para cruzarla con otros datos financieros y crear “listas negras” que limiten todavía más las posibilidades de los sectores más vulnerables de la población, usuarios mayoritarios del transporte público.
3. Propone solucionar un problema de financiamiento económico incurriendo en un costo adicional, como lo es el de implementar y administrar una base de datos.
4. Distintos expertos, incluyendo al Consejo para la Transparencia, destacados miembros de la academia y de la sociedad civil han expuesto ante la Comisión y expresado públicamente la incompatibilidad de este registro con una legislación protectora de los derechos de las personas.

Es importante que los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones respondan a su mandato de proteger los derechos fundamentales y, en consecuencia, rechacen la creación de este registro discriminador y estigmatizador.