El anuncio sobre el ingreso de un proyecto para reemplazar la normativa de datos personales en Chile ha sido recibida con entusiasmo por parte de la industria, la sociedad civil y los organismos públicos. Se trata de un anuncio que los distintos actores llevan años esperando, y que organismos como la OCDE han exigido al gobierno con insistencia.

Si bien el articulado de la iniciativa legal requiere de un estudio más acabado y profundo, vale la pena comenzar reflexionando sobre el proceso que ha desembocado en la presentación de este proyecto y sobre su ingreso al Congreso en el último año del actual gobierno. Es necesario preguntarse qué espacio real tiene este proyecto en la agenda legislativa del Ejecutivo y si este se condice con otros proyectos empujados por el mismo gobierno en su último año.

El proceso

El proceso de elaboración del proyecto de ley de datos personales, con participación de distintos actores, ha sido complejo y contradictorio. En su inicio, el Ministerio de Economía estrenó el anteproyecto mediante la apertura de una consulta pública para recabar la participación y aportes de los distintos actores. A ello se sumó la formación de un Consejo de la Sociedad Civil de Protección de Datos Personales, con participación de distintos especialistas, representantes de la industria y de la sociedad civil. Pero paralelamente, un proceso distinto fue iniciado liderado por el Ministerio de Hacienda, para la elaboración del proyecto del gobierno, esta vez a puerta cerrada y sin oportunidades de participación abiertas y transparentes para la sociedad civil y otros actores relevantes.

El resultado es el proyecto que hoy conocemos, que dista en varios aspectos del sometido a consulta pública. Así, la propuesta presentada no recoge los resultados del proceso participativo y avanza en un sentido contrario a la tendencia mundial de acoger la participación multisectorial en regulaciones de esta naturaleza.

¿Compromiso real del gobierno?

En otras ocasiones manifestamos nuestras dudas sobre el nivel de compromiso del gobierno para avanzar en una agenda sobre protección de datos personales. Si bien la presentación del proyecto de ley debiera disipar estas dudas, lo cierto es que el momento en que ha sido ingresado al parlamento, acompañado con el historial de tramitación de proyectos anteriores, nos invita a guardar cautela con el entusiasmo inicial.

El último año de cada administración no suele caracterizarse por grandes reformas legislativas, dada la falta tiempo y espacio para empujarlas adecuadamente, y para desarrollar la discusión seria y profunda que requiere una materia compleja, como es la protección de datos personales. Es de esperarse que, durante 2017, gran parte de la agenda pública se concentre en las elecciones presidenciales y parlamentarias que se aproximan. En este sentido, que el presente proyecto se haya presentado ahora hace temer que falle el empuje para lograr la aprobación de la iniciativa antes del fin de esta administración.

Nuestras aprensiones se fundan por lo demás en que, tanto el primer gobierno de Michelle Bachelet como el de Sebastián Piñera presentaron iniciativas legales para modernizar la legislación de protección de datos personales, pero a pesar de su necesidad urgente, ambos proyectos quedaron en completo abandono al momento de asumir la administración posterior.

Otras iniciativas legislativas del gobierno

Además, llama la atención que esta iniciativa contradiga algunas de las iniciativas que el gobierno ha presentado públicamente como de alta prioridad para su último año. Este es un proyecto cuyo objetivo es proteger a las personas del tratamiento de sus datos personales por parte de entidades privadas y públicas, y se centra en el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de la ciudadanía. Exactamente en una vereda opuesta se encuentran iniciativas como el proyecto de crear un registro abierto de evasores del Transantiago. Que dicho registro sea público quiere decir que cualquier persona podrá realizar un tratamiento de esos datos personales, incluso generando bases de datos paralelas, que seguirán existiendo luego de que el infractor pague su multa y sea eliminado del registro. Más grave aun resulta que representantes del Ministerio de Transportes hayan reconocido públicamente que el objetivo de este registro es que los infractores sean discriminados al momento de postular a fuentes de trabajo. Por otro lado, esta misma iniciativa deja abierta la puerta para vincular la tarjeta BIP con los datos personales de la persona que la adquiere. Esto resulta problemático porque, como mostramos en un informe reciente, la tarjeta BIP no cuenta con elementos mínimos de seguridad, y permite a cualquiera acceder al historial de navegación de la persona que la utiliza, a través de su página web.

Otro ejemplo es el proyecto que busca regular plataformas tecnológicas como Uber, en el cual se establece la obligación de las plataformas de compartir la información sobre kilómetros recorridos, vehículos, conductores, lugares de recogida y bajada de pasajeros, hora y duración de los viajes, hora de reserva, precio cobrado y evaluación del viaje con ciertos organismos públicos, sin consideración de un régimen de consentimiento de los titulares de los datos ni el adecuado establecimiento de derechos para ells y obligaciones para los titulares de tales bases, como contrapartida. Si bien esta información puede resultar útil para el Ministerio a la hora de elaborar políticas públicas, debieran resguardarse los derechos fundamentales de los titulares de los datos, estableciendo que la información sea entregada en términos estadísticos, cumpliendo con criterios de anonimización, y bajo ninguna circunstancia de forma nominativa.

Espacio para enmendar el rumbo

Recibimos la presentación del nuevo proyecto de ley de protección de datos con un cauteloso optimismo, en cuanto representa una oportunidad importante para enmendar el rumbo en materia de protección de derechos fundamentales. Estamos ansiosos por ver que el debate legislativo considere y recoja la participación de la sociedad civil y otros actores relevantes, lo cual en su correcta ejecución podría mitigar la falta de participación previa. Una señal imprescindible del compromiso del gobierno no solo con su agenda de probidad y transparencia, sino con hacer realidad los derechos fundamentales de la ciudadanía, es que se conceda a este proyecto de ley la urgencia necesaria para su tramitación expedita, para corregir la desidia y el abandono del pasado.