En países con baja legitimación de sus sistemas políticos es frecuente oír, luego de cada elección de cargos públicos, propuestas tendientes a mejorar aspectos como la participación, la transparencia o la representatividad. En dicho escenario, el voto electrónico se alza por sus promotores como una alternativa viable y segura, en sintonía con la modernización de nuestras instituciones.

Sin embargo, la tecnología no es neutra y su relación con los diversos aspectos de nuestra vida social debe ser analizada bajo el lente de los derechos fundamentales. Cabe preguntarnos entonces si el sistema de votación electrónica es un mecanismo que refuerce las garantías democráticas al interior de las elecciones.

Y al respecto, hay que ser enfáticos: el voto electrónico no es seguro ni refuerza los valores democráticos que pretende, en el discurso, reforzar. Más aún, un sistema de votación que incorpore una máquina o programa ajeno al votante, difícilmente puede considerarse un mecanismo democrático.

En toda elección, la participación de los ciudadanos no se agota en la emisión del sufragio, sino en el derecho a supervisar y auditar el acto electoral, que se supone público y transparente. Así, los sistemas de votación de boleta de papel se han caracterizado por su horizontalidad en cuanto a participación se refiere: con una simple instrucción previa y uso de aritmética básica, gran parte de la población puede hacerse parte en el proceso de contar y supervisar una elección.

El voto electrónico implica necesariamente incluir software y hardware en alguna etapa de la votación. Esto hace que el sistema se vuelva opaco para el votante, cuya complejidad técnica impide la capacidad de control ciudadano durante el proceso, quedando relegado a un sector reducido de la sociedad civil: los expertos. En dicha línea falló el Tribunal Constitucional Federal de Alemania al declarar inconstitucional su sistema de votación electrónica, pues la elección en tanto acto público requiere ser entendida por cualquier ciudadano, sin necesidad de conocimientos técnicos específicos.

Por otra parte, la posibilidad de afirmar que un sistema informático es plenamente seguro, o libre de intervenciones, es casi imposible dadas las características propias de la infraestructura involucrada. Y, además, para que técnicos informáticos puedan llegar a esa conclusión es necesario recopilar gran cantidad de información, lo que pone en riesgo el secreto del voto que, como mencionamos anteriormente, es otro aspecto vital en una democracia sana.

La experiencia en la región en los últimos años ha sido concordante con esta postura. Observando al sistema vot.ar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expertos identificaron que las boletas podían ser individualizadas; hallaron la posibilidad de que una boleta tuviera más de un voto, e incluso que el voto fuera leído por un teléfono celular tan solo acercándolo a la boleta.

Alimenta la gravedad de los hechos el constatar que dos días antes de esas elecciones, un informe de la Policía Metropolitana anunciaba un grave ataque informático a los servidores de la empresa MSA, a cargo de todo el proceso electoral..

En Chile, tanto en las elecciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) como en la del partido Unión Demócrata Independiente UDI se experimentaron fallas en la seguridad y estabilidad, quedando abierta la discusión sobre la factibilidad técnica de la iniciativa.

No es desconocido para nadie que las tecnologías han contribuido considerablemente en el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, si algunos de sus avances resultan perjudiciales para aquellos principios democráticos que inspiran un sistema electoral, su aplicación debe ser descartada. El voto electrónico provoca un quiebre en la horizontalidad de una elección, al dejar solo a manos de unos pocos el poder de asegurar que un proceso es seguro, si es que asumimos que esa labor sea posible.