Durante los últimos años, el mecanismo de consultas públicas vigente en Chile desde 2011 ha permitido recoger opiniones en áreas tan diversas como salud, medio ambiente, telecomunicaciones y también protección de datos. De esta forma el Estado ha canalizado opiniones de la ciudadanía, aun cuando su efecto concreto en el curso de las políticas públicas sectoriales dista de ser evidente, a luz de los resultados.

Hace algunos días la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) ha abierto una consulta ciudadana sobre Propiedad intelectual en el ambiente digital, con el objetivo de “conocer la realidad chilena” respecto de los desafíos de la utilización de contenidos protegidos por derecho de autor en el entorno digital y así alimentar el trabajo de Chile en foros internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Si bien no puede negarse el valor y la necesidad de este tipo de instrumentos de consulta, hay una serie de observaciones que es necesario realizar sobre este proceso en particular.

En primer lugar, hay dos consideraciones metodológicas importantes; la primera tiene relación con el alcance de los resultados de la consulta. Dado que el proceso no se realiza sobre un muestreo aleatorio –es decir, que diversos actores tengan igual probabilidad de participar- es muy probable que respondan el instrumento quienes ya están interesados en las temáticas tratadas. Esto se conoce como sesgo de autoselección.

Para el sociólogo Patricio Velasco, esto “no supone un problema, pero sí se convierte en uno al generalizar los resultados obtenidos por la consulta hacia la población general”; por ello es imperioso que los resultados de la consulta “sean propuestos e interpretados con cautela”, dado que no existe un proceso de muestreo estadístico que permita atribuir los resultados a la “opinión pública”, sino a actores con justos intereses en la discusión.

Hacer esta distinción es especialmente relevante, puesto que el objetivo de la consulta es “conocer la realidad chilena respecto de los desafíos que se plantean en este entorno para los distintos actores que participan en la utilización de contenidos protegidos por PI [sic] en el entorno digital”, tal como señala la minuta resumen que acompaña a la consulta.

La segunda consideración se refiere al instrumento utilizado para realizar la consulta, un cuestionario de respuesta cerrada con opciones predeterminadas. Como explica Velasco, “lo que se busca con un cuestionario de este tipo es que las opciones den cuenta de forma exhaustiva y excluyente de las alternativas disponibles”; lamentablemente, en la encuesta elaborada esto no ocurre.

Por ejemplo, al mirar las alternativas propuestas en las preguntas 3 y 5, se asume que las únicas opciones disponibles para subir contenidos a la web son de forma personal o a través de una entidad de gestión colectiva. Resulta evidente que no es así, excluyendo, por ejemplo, la posibilidad de gestionar contenidos de forma colectiva sin hallarse tal colectividad institucionalizada. Para Velasco además podría ser problemática la estrategia de análisis de las preguntas abiertas, que abundan en la consulta. ¿Habrá acceso público -debidamente anonimizado- a lo respondido en estos ítems?

Claudio Ruiz, director ejecutivo de Derechos Digitales y especialista en propiedad intelectual, va más allá y cuestiona el impacto que una consulta de este tipo podría tener en la posición chilena en foros internacionales: “¿En qué cambiaría la posición de Chile en OMPI si la encuesta arrojara que el 100% de las respuestas indican que no han subido contenidos a internet? [pregunta 1] ¿Y si arrojara que, de manera curiosa, las personas no consideran internet una ‘plataforma útil’ para conocer sus contenidos”? [pregunta 7].

Para Ruiz, el país se encuentra en un “momento clave” pensar en los desafíos que los entornos digitales suponen “no solo las prácticas de titulares de derechos ni el cobro relativos a las entidades de gestión colectiva, sino fundamentalmente para el interés público”.

Los desafíos mencionados por Ruiz los enfrentamos día a día: la criminalización de conductas socialmente aceptadas y la negociación de acuerdo comerciales como el TPP que profundizan brechas regulatorias que, cuando se trata de propiedad intelectual, lamentablemente dejan fuera de la conversación a los derechos de los usuarios y el público en general.

“Aun cuando se resuelva la metodología y el tendencioso enfoque de la encuesta, el problema de fondo seguirá  siendo el mismo: demuestra la más completa desorientación respecto del rumbo de las políticas públicas digitales -y de paso, de propiedad intelectual- en Chile”, concluye Ruiz.