Hace pocos días, se supo de la filtración masiva de unos 20.000 mensajes de correo electrónico del Partido Demócrata, en el contexto de la controvertida carrera presidencial que tiene lugar en Estados Unidos. La filtración ocurrió en un momento clave: justo previo a la realización de la convención del partido, en que Hillary Clinton ha sido ungida como la candidata que hará frente a Donald Trump. Incluso se ha llegado a decir que Trump se habría asociado con el Gobierno ruso para llevar a cabo la filtración y perjudicar campaña demócrata, lo que por supuesto el implicado niega tajantemente.

Más allá de las acusaciones, la filtración sirvió para exponer ante los votantes las maquinaciones políticas en el partido de Clinton. En los correos quedaba en evidencia cómo la presidenta de la Convención Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, junto a otros funcionarios, planearon la forma de perjudicar la campaña de Bernie Sanders para favorecer a Clinton. Se logró comprobar así algunas de las denuncias de la campaña de Sanders acerca de los obstáculos que la misma presidenta de la Convención había puesto a su campaña durante las primarias. El escándalo ya le costó el puesto a Wasserman Schultz, ante demandas de responsabilidad por una conducta considerada inapropiada.

La opacidad con la que actúan quienes están llamados a representarnos y la carencia de acceso suficiente a información que debiera ser pública, ha motivado el actuar de organizaciones y hackers anónimos, como aquellos que revelaron la información en casos como Hacking Team y los Panama Papers, hace algún tiempo. Sin su participación, probablemente la opinión pública jamás habría llegado a saber lo que estaba sucediendo en sus países, frente a sus propios ojos. Sirven estos actos como una forma de desnudar al poder y poner luz sobre la excesiva opacidad en que se desempeñan labores de interés público, que pesa sobre el derecho fundamental de acceso a la información pública, y en general, sobre la posibilidad de poder hacer un adecuado control ciudadano del ejercicio de los poderes.

En este sentido, la actividad desarrollada por quienes liberan la información constituye una forma de lograr transparencia de manera forzada, fiscalizando paralelamente a quienes ejercen poder incluso donde la ley no ha sido capaz de llegar. Desde esta perspectiva, se trata de una actividad que beneficia y fortalece las democracias.

Sin embargo, desde la perspectiva opuesta, se trata de actos que arriesgan seriamente a las personas cuyas comunicaciones salen a la luz.

Por una parte, porque ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas frente a ataques informáticos de distinta naturaleza, que culminan en accesos no autorizados a esas comunicaciones. No todas las personas manejan el mismo nivel de influencia en las esferas de poder políticos; pero sí están sujetas a la misma vulnerabilidad, o incluso mayor, si sus sistemas de comunicación son los mismos.

Por otra parte, porque la privacidad se ve comprometida con cada acto de publicación de mensajes que, en principio, entendemos como comunicaciones privadas dignas de protección. El interés sobre el contenido de esos correos, no puede hacernos olvidar la importancia del resguardo de los derechos de quienes los intercambian. Esto es todavía más grave cuando, además de haber una intrusión en mensajes de correo electrónico, existe publicación de los mismos. Es decir, cuando quienes no son parte del poder ven expuesta al público su información personal.

Sería ilusorio no reconocer que pueden existir riesgos asociados y ejemplos recientes dan cuenta de ello. Así sucedió hace muy poco en Turquía, país en que tras un intento de golpe de estado, se filtró una gran cantidad de correos electrónicos, supuestamente provenientes del presidente en ejercicio, Erdogan, en la que también se vio involucrada Wikileaks. El Gobierno turco ha ordenado el bloqueo de redes sociales en varias ocasiones, provocando un rechazo generalizado por parte de los defensores de las libertades en internet. Sin embargo, la revisión posterior de la información liberada dio cuenta de que, en realidad, no había información que emanara de Erdogan o de su círculo cercano, y lo que es aún más grave, hizo públicos datos personales de cientos de mujeres turcas que podrían ver seriamente afectada su seguridad personal.

Esta acción ha levantado fuertes críticas contra Wikileaks. Este escenario podría terminar restándole credibilidad a un mecanismo de transparencia que ha probado ser muy útil en otros casos; e incluso, en el largo plazo, justificando a los ojos del público el bloqueo de sitios o apagones de internet, como parte de una estrategia de defensa de los gobiernos, diluyendo así el objetivo inicialmente perseguido.

En síntesis, tanto el hackeo como la publicación de las filtraciones son formas de participar del debate público que pueden significar grandes beneficios, pero a la vez acarrean grandes riesgos. Es importante terminar con la persecución de whistleblowers y darles protección legal, y a la vez, participar del debate público y mantener prácticas responsables en la publicación de filtraciones cuando pueda haber personas involucradas.

Una de las formas de responsabilidad es comprender el contexto en que se producen esas filtraciones y trabajar con personas locales para reducir riesgos asociados a la publicación de información. Son estas mismas razones las que han llevado incluso a levantar plataformas digitales para facilitar la denuncia de actos de corrupción, resguardando el anonimato y protegiendo las comunicaciones mediante el uso de cifrado. Ejemplos notables en Latinoamérica existen con Mexicoleaks, inaugurada a principios del año 2015, y más recientemente con Peruleaks.

Los riesgos de las filtraciones existen, y pueden constituir un precio demasiado alto a pagar para suplir un adecuado acceso a la información de interés público. Mientras reglas e instituciones no respondan adecuadamente a las necesidades de transparencia, el acceso seguirá existiendo por vías alternativas, más o menos formales, que están lejos de ser neutrales en su accionar, con relativos grados de confiabilidad y, aún más lamentablemente, sin el necesario compromiso por el respecto de las garantías fundamentales de los ciudadanos.