Patricio Velasco y Pablo Viollier

Durante el 32º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han tomado dos resoluciones con importantes implicancias para América Latina. En primer término, el Consejo ha resuelto que los estados deben comprometerse a proteger el espacio de la sociedad civil. La resolución, que puede ser revisada aquí, establece un precedente relevante y puede, además, ser leída como un llamado de atención hacia los países miembros del organismo internacional.

El mismo órgano internacional hizo noticia en los últimos días, pues formuló una resolución –de carácter no vinculante– sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet (que puede ser leída aquí). La declaración condena abiertamente a los países que voluntariamente bloquen el acceso a internet, bajo la premisa de que los mismos derechos que las personas tienen offline han de ser protegidos en entorno en línea.

Estas resoluciones suponen un apoyo institucional fuerte a labores de organizaciones como Derechos Digitales en la defensa, desarrollo y promoción de los derechos y libertades en línea, desde la perspectiva de los derechos humanos y el interés público. No solamente por reconocer una vez más la importancia de internet y condenar las acciones contrarias a su disfrute, sino por impulsar una sociedad civil fuerte y activa en la formulación de políticas públicas en general.

En lo sustantivo, la resolución en torno a la sociedad civil establece una serie de lineamientos que los estados deben implementar en pos de favorecer el accionar de las organizaciones que forman parte de ésta. Así, el consejo resuelve que los estados han de comprometerse a:

• Asegurar las condiciones para que los actores de la sociedad civil puedan buscar, obtener y utilizar recursos tanto de orden público como privado.
• Mantener procedimientos institucionales accesibles para el registro y conformación de organizaciones.
• Asegurar que los actores de la sociedad civil puedan tomar parte en las diversas etapas de la discusión legislativa; ya sea en el desarrollo de una ley, su debate, sanción, implementación o revisión.
• Adoptar leyes y políticas claras que permitan la divulgación efectiva de la información pública.
• Garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, en vistas de poner fin a la impunidad hacia violaciones de derechos humanos y abusos contra los agentes de la sociedad civil.

Las orientaciones arriba señaladas suponen un amplio reconocimiento a la importancia de las organizaciones y agentes de la sociedad como promotores del “empoderamiento de los miembros de grupos minoritarios o vulnerables de la sociedad”. A lo anterior se agrega el rol de vigilancia y control que la sociedad civil cumple frente al estado, especialmente en lo relativo a eventuales violaciones de los derechos humanos. Es en razón de lo anterior que la declaración del Consejo de Derechos Humanos puede ser también leída como un fuerte llamado de atención a los países miembros de la organización que han entorpecido el actuar de la sociedad civil, incluso llegando a atentar contra los derechos de actores miembros de ésta. Una sociedad civil fuerte y autónoma es, finalmente, un indicador de la calidad de la democracia de los países y de su capacidad de resguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por su parte, la resolución referida al rol de los derechos humanos en internet manifiesta una profunda preocupación por medidas “cuyo objetivo o efecto deliberados es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos”.

Para nuestro continente, lo anterior no es sólo una preocupación académica o abstracta. En un escenario donde los gobiernos de Latinoamérica se ven cada día más tentados a vigilar y controlar a sus ciudadanos y los intereses empresariales han colonizado de forma cada vez más profunda el proceso democrático,  la existencia de organizaciones cuyo fin es velar por el bien público -y no por intereses particulares- resulta cada vez más necesaria y se ha visto catalizada por el uso de herramientas en línea. Por lo mismo, no es de extrañar que la sociedad civil en Chile haya logrado mejorar las condiciones de transparencia en el proceso legislativo chileno, que en Brasil se haya enfrentado al lobby empresarial en la negociación del Marco Civil y que distintas organizaciones de todo el continente se hayan aunado para rechazar en conjunto el Tratado Trans-Pacífico (TPP), entre otros logros.

Lamentablemente, Latinoamérica sigue siendo un lugar en donde las organizaciones de la sociedad civil deben luchar para cumplir su rol libremente. En muchos países esto se traduce en falta de espacios de incidencia, o espacios meramente testimoniales. Sin embargo, algunos gobiernos de la región han optado por una actitud derechamente hostil hacia las organizaciones de la sociedad civil y su labor. Casos como el asesinato de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, las restricciones del derecho de asociación en Venezuela y el intento de disolución de la ONG Fundamedios en Ecuador -que ha desplegado una campaña en internet para dar cuenta del atropello a su accionar- deben servir como un llamado de alerta para el continente. No sólo respecto de la protección de la sociedad civil, sino que del estado real de nuestras democracias en el continente y el rol que internet puede jugar actualmente..

Particularmente, lo propuesto por Consejo de Derechos Humanos, en su resolución sobre la sociedad civil, levanta una voz de alerta en la región para países como Bolivia (que se abstuvo en la votación) y Venezuela (que rechazó la declaración). Resulta imperioso que los estados latinoamericanos desarrollen capacidades, políticas y mecanismos institucionales pertinentes, en vistas de garantizar el adecuado despliegue de la sociedad civil. Lo anterior se torna aún más acuciante al considerar que, como parte de la misma declaración, el Consejo solicita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la preparación de un informe que recopile información sobre los procedimientos y prácticas relativas a la participación de la sociedad civil en los países miembros. Es de esperar que los resultados de tal indagación sean capaces de otorgar más luces respecto a las debilidades y espacios de mejora existentes en la región.

Finalmente, resulta muy importante destacar la labor del Consejo de Derechos Humanos en lo referente al rol de internet para la promoción y defensa de los derechos fundamentales, especialmente al reconocer el escenario de irrupción y disrupción sobre el uso de internet que ha afectado a estados miembros del organismo.