Los negociadores de los Estados Unidos y de la Unión Europea frecuentemente aseguran que la implementación del ACTA, un nuevo acuerdo internacional que intenta incrementar la protección de la propiedad intelectual, no requeriría una modificación significativa de sus leyes; y que el Acuerdo más bien intenta exportar su modelo legal a otros países. Sin embargo, como ha señalado Knowledge Ecology International (KEI) y otras organizaciones y académicos, bajo la actual redacción del ACTA, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea deberían introducir cambios en su legislación y se verían además privados de la facultad de hacer otros cambios en el futuro, por ejemplo en materia de responsabilidad por infracción a los derechos de propiedad intelectual y gestión de acceso sobre las obras huérfanas. En cambio, para México los cambios requeridos son aún más importantes que aquellos necesarios en la Unión Europea y Estados Unidos.

México es uno de los dos países en desarrollo, y el único país Latinoamericano, involucrado en las negociaciones del ACTA. El sistema legal de México deberá modificarse sustancialmente, si el actual texto del ACTA es adoptado. En algunos casos, se necesitará adoptar leyes que no existen hoy en el país, tal como aquéllas que criminalizan ciertas infracciones a la propiedad intelectual y que expanden la responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por la infracción de sus usuarios. En otros casos, México necesitará modificar su actual normativa, por ejemplo para cumplir con la obligación de ACTA relativas a actuaciones de oficio por las autoridades aduaneras y judiciales, y la adopción de indemnizaciones sin relación con un daño efectivo.

En su carta pública dirigida al Gobierno de México, KEI destaca que la propuesta de texto del ACTA, de ser aprobada, requerirá la adopción de nuevas disposiciones legales que comprometerán seriamente el interés público del país. KEI llama al gobierno mexicano a cambiar su actual posición en las negociaciones y promover la inclusión de ciertas flexibilidades y protecciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La carta está disponible en inglés y en español.